Como cada dos años, me dispongo a renovar la tarjeta de transporte de servicio público, me llama la atención los requisitos a cumplir en esta última renovación. Además de los numerosos papeles de años anteriores, me piden un certificado digital. Sin proporcionarme ninguna información, teniendo que informarme por mi propia cuenta para llegar a saber qué es; resulta ser que tengo que solicitarlo a la Fábrica de Moneda y Timbre, claro, como no podía ser de otra manera a través de internet, los cuales te dan una clave que se tiene que acreditar en una oficina homologada (Hacienda, Seguridad Social, etcétera,...); luego, ya en tu ordenador y vía internet, se descarga tu certificado, todo muy sencillo, cuando se dispone de conexión a la red. Una parte minoritaria del sector no cuenta con un internet, dejémoslo en aceptable, para esta parte que contribuimos a la sociedad con las mismas tasas e impuestos que el resto de nuestros "colegas". ¿Qué hacemos o qué se supone que debemos hacer? Nos desplazamos 30 kilómetros a un telecentro, desde el que disponemos de conexión a la red, pero desde el cual no podemos realizar el trámite que se menciona al principio de esta carta, pues dicho certificado va ligado a tu ordenador y navegador.
No sé quién dicta estas nuevas normas de transporte, pero está claro que no se ponen en la posición de todos los integrantes del gremio, sino que se limitan a pensar desde sus cómodos sillones de la gran oficina en la gran ciudad que todo transportista tiene sus mismos privilegios y accesibilidad a las nuevas tecnologías. No se dignan a visitar o, al menos, a pensar en los pueblos de Asturias, como es mi caso, o de cualquier otra comunidad española, para con ello volver a la realidad de que no todo son autovías y ciudades con ADSL o incluso fibra óptica, sino que hay mucha gente que resiste y sobrevive en el campo en lugares de difícil acceso a vehículos, no digamos a un acceso a internet con las mismas condiciones que los urbanitas. Señores, deben tener en cuenta que no hay ninguna normativa vigente (al menos que yo sepa), por la cual todo ciudadano deba tener una conexión a la red en su domicilio.
Comprendo perfectamente la facilidad y la comodidad que puede generar este tipo de certificados para ambas partes, pero no su obligatoriedad. Desde mi punto de vista, creo que para poner un documento de manera obligatoria, deberían analizar si todos sus potenciales usuarios podrán llevar a cabo dicho trámite.
No quiero pensar, aunque lo haga, en nuestros organismos, a los cuales acudimos cada día con más papeles a cumplimentar (no por ellos, sino por los usuarios), que con estos certificados nos sobren funcionarios.
Por favor, tengan en consideración a todos los usuarios, piensen que ellos tienen igualdad de derechos, ¿o acaso, si la gente rural deja de pagar impuestos, no serán perseguidos por la ley aunque no dispongan de conexión a la red?
