El presidente suplente del tribunal calificador del concurso-oposición, el doctor José Bernardino Díaz, había denunciado irregularidades en la primera prueba mediante un escrito entregado en el registro oficial del Principado y enviada a la dirección del Instituto Adolfo Posada, organismo del que dependen los procesos selectivos. "El Adolfo Posada conocía las irregularidades desde el primer momento y no hizo sino disculpar lo que no tiene disculpa", criticaron ayer los abogados Gerardo de la Iglesia y Miguel Teijelo. En su carta, Díaz, jefe de sección de medicina interna del HUCA, pedía investigar las causas de los "valores extremos" obtenidos por algunos opositores.
"El único modo de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo es ejecutarla en sus debidos términos. O sea, anular los 23 nombramientos, destituir al tribunal, nombrar otro tribunal y realizar el segundo ejercicio".
Así se pronunciaron ayer los abogados Miguel Teijelo y Gerardo de la Iglesia, representantes de los dos médicos asturianos que llevaron hasta el Tribunal Supremo un concurso-oposición para especialistas en medicina interna que en 2011 adjudicó 23 plazas fijas en diversos hospitales públicos de la región. El Alto Tribunal ha tumbado el proceso selectivo bajo el argumento de que se produjo una filtración de preguntas a algunos de los opositores.
"El conjunto de los miembros del tribunal, no sólo el presidente, eran perfectamente conocedores de las irregularidades que viciaron el proceso. Hay una corresponsabilidad clara por parte de todos, del presidente y de los seis vocales", precisó De la Iglesia.
El fallo del Supremo ha tenido una notable repercusión en los ambientes políticos y sanitarios. Tras conocer la resolución judicial, la Consejería de Sanidad del Principado declaró a LA NUEVA ESPAÑA que el proceso selectivo se repetirá "lo más rápidamente que sea posible" y que, en adelante, la Administración sanitaria adoptará nuevas medidas que garanticen la imparcialidad de los evaluadores. Entre tanto, algunos de los opositores advirtieron de que ejecutar la sentencia es imposible por cuanto implica perjudicar a médicos que no se beneficiaron de la filtración de preguntas.
Muy distinta es la opinión de los letrados que han llevado el caso en nombre de los demandantes. "Un acto nulo no produce ningún efecto. Los 23 nombramientos son nulos. Quienes obtuvieron plaza no pueden quejarse porque sabían perfectamente que el asunto estaba recurrido ante los tribunales. En definitiva, se vieron beneficiados por una ilegalidad", enfatizaron De la Iglesia y Teijelo.
Otra cosa, matizan, es que a la hora de llevar la resolución a la práctica se generen efectos secundarios. Según Teijelo, "no se puede descartar que, como consecuencia de la ejecución de la sentencia, alguno de los que habían aprobado reclame al Principado por responsabilidad patrimonial. Pero eso es otra cuestión que a nosotros nos es ajena y que en su caso los jueces tendrán que dirimir".
De la Iglesia abunda sobre esta espinosa cuestión. A su juicio, "resulta sorprendente que quien se ve beneficiado a conciencia por la ilegalidad pueda llegar a hacer semejante planteamiento". Los letrados enfatizan que "los realmente perjudicados, a quienes nadie va a indemnizar, son los opositores que fueron injustamente suspendidos, tras mucho esfuerzo personal y familiar, a consecuencia de un proceso selectivo ilegal, y que llevan más de cuatro años litigando".
La sentencia del Supremo ha dejado sin efecto una resolución previa del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que no apreciaba anomalías en el concurso-oposición. Los demandantes también habían recibido calabazas del Instituto Adolfo Posada, organismo dependiente del Principado y responsable último del proceso selectivo.
"Lo que el Supremo dice, en esencia, es que aquí hubo una filtración de preguntas por parte del presidente del tribunal y una vocal a algunos opositores", indicaron Teijelo y De la Iglesia. Una filtración, prosiguieron, "que se realizó mediante un correo electrónico. Ese mensaje de correo, en el que se les recomendaba estudiar uno de los casos prácticos que después cayó en el segundo ejercicio, era de 2009, pero dos años más tarde fue reenviado, justamente después de que se publicaran las notas del primer examen y en vísperas del segundo". relataron los abogados. Lo que siguió fue que "algunos de ellos no es que aprobaran el examen, es que clavaron la respuesta, incluso mejorándola, y eso salta a la vista", precisaron los letrados.
Los abogados detallaron más lo sucedido en el segundo ejercicio, el que debe ser repetido por orden del Tribunal Supremo: "De los cuatro casos prácticos del segundo ejercicio, entre los que tenían que elegir dos, había tres que habían sido puestos anteriormente por el presidente del tribunal a los miembros de su servicio y estos, incluso, los difundieron a sus allegados, que fueron los más beneficiados en el concurso-oposición", subrayaron.
