La consejera de Servicios y Derechos Sociales del Principado, Pilar Varela, ha calificado este miércoles de "innecesaria" la Proposición de Ley presentada por Podemos para suspender la liquidación de las deudas reclamadas a los herederos de los usuarios fallecidos de los Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA), porque el Principado está cumpliendo la moción que se aprobó en la Junta General sobre esa gestión.

"Ya lo estamos haciendo desde el 4 de marzo, cuando la Junta aprobó moción para suspensión y revisión de las liquidaciones", ha remarcado la consejera en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, acompañada por los consejeros de Presidencia, Guillermo Martínez, y de Hacienda, Dolores Carcedo.

Al respecto, Varela ha reiterado que desde el Ejecutivo se han mantenido reuniones con los grupos parlamentarios para explicar la actuación y se ha pedido tiempo "para ordenar jurídica y económicamente de la revisión de esas liquidaciones" realizadas entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010.

La consejera ha querido trasladar un mensaje de "tranquilidad absoluta" para quienes tengan girada una liquidación, ya que se están revisando todas las comprendidas en ese periodo, que ascienden a cerca de 4.000.

En concreto, ha comentado que la situación se genera por la convivencia de dos sistemas de liquidación diferente: el contrato de hospedaje en vigor hasta 2007 y la puesta en marcha ese año de la Ley de Dependencia y el sistema de copago.

Varela ha indicado que se tardó cuatro años en elaborar el decreto de copago, siendo Asturias de las primeras comunidades en regularlo. No obstante, matizó que "no es tan sencillo como parece".

"No estamos en contra de la Proposición de Ley; decimos que es innecesaria porque el Gobierno está cumpliendo con la moción", ha argumentado, señalando que se trata de revisar expedientes de 2.000 fallecidos entre 1 enero 2007 y 31 dic 2010 y otras 1.700 de usuarios que decidieron continuar con el modelo de contrato de hospedaje.

90,8 MILLONES PARA SALARIO SOCIAL Y DEPENDENCIA

Además, Pilar Varela ha indicado que el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 90.800.000 euros para garantizar este año el pago de la nómina del salario social y de las prestaciones económicas vinculadas al sistema de la dependencia.

De este modo, se da luz verde a un gasto de 26,5 millones, los que estima el Ejecutivo que harán falta para pagar cubrir durante todo el ejercicio el coste de las ayudas económicas del sistema de la dependencia, que benefician mensualmente a 9.549 personas en Asturias.

A esta cuantía hay que sumar los 5,5 millones autorizados en diciembre como anticipo para cubrir los gastos de enero y febrero. La inversión final prevista en 2016 para estas prestaciones alcanza los 32 millones y supera en 3,9 la cuantía del ejercicio pasado, con el fin de cubrir los costes generados por las personas dependientes de grado I, que en este año ultiman su incorporación al sistema.

Por otra parte, se ha aprobado un gasto de 64,3 millones para el abono del Salario Social que, unido a los 19 millones autorizados el pasado mes de diciembre para el pago de las nóminas de enero y febrero, agotan el crédito de 83,3 millones previsto en la prórroga presupuestaria para 2016. Si bien esta cantidad deberá ser ampliada a lo largo del ejercicio, con este acuerdo el Principado reserva "la máxima cuantía disponible para este concepto", apunta el Ejecutivo.

En este sentido, la consejera ha comentado que Asturias registra, hasta febrero, 18.981 perceptores del Salario Social Básico --que supone 43.466 personas beneficiarias-- alcanzando una cobertura del 4% de la población.