Los investigadores de la Agencia Tributaria continúan relacionando los viajes que realizó el exalcalde de Oviedo Agustín Iglesias Caunedo y que presuntamente pagó Aquagest con la devolución de un aval a una de las empresas del grupo al que pertenece la empresa investigada en el "caso Pokémon". Así consta en un informe, remitido a la juez, en el que se insiste en la proximidad de las fechas en las que se produjeron los viajes y la decisión de devolver avales "que suman en total la cantidad de 1,2 millones de euros", sostienen los investigadores.
En concreto, el informe señala que el viaje que en enero de 2009 realizaron el exalcalde ovetense, el exconcejal gijonés del PP Manuel Pecharromán, y el conseguidor de la trama, Joaquín Fernández, se produjo días después de que la empresa que gestionaba los tributos municipales desistiese de un recurso ante el juzgado. Según los investigadores, buena parte de los gastos de esos viajes fueron abonados por la empresa Aquagest.
La juez Pilar de Lara, que instruye en el juzgado número 1 de Lugo el "caso Pokémon", ha dictado además varios autos. En uno de ellos admite la petición formulada por Manos Limpias para que el actual expresidente del PP de Navia, Roberto Santiago, acuda a declarar como investigado (figura jurídica hasta ahora denominada como imputado). Deberá hacerlo el próximo 21 de abril. Los investigadores sospechan que Santiago trabajaba para Joaquín Fernández en la empresa Ingenium con la finalidad de conseguir contratos en administraciones y empresas "aprovechando su posición como miembro destacado del PP", refiere el auto.
De Lara también ha pedido a Vigilancia Aduanera que informe a la expresidenta del PP de Gijón, Pilar Fernández Pardo, y al exconcejal Francisco Rodríguez Cubiella de que están sometidos a una investigación por un presunto delito de cohecho, relacionado con ciertos viajes que presuntamente les abonó Aquagest. La juez señala que podría interesarles "personarse en la causa como investigados" (imputados).
