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Los pacientes con derecho a medicinas gratis casi se han duplicado desde 2012

Los enfermos que pagan un porcentaje mayor del precio en función de su renta han bajado un 30% desde la entrada en vigor del copago

El censo de pacientes asturianos a los que su situación económica o su discapacidad eximen del pago de los medicamentos ha crecido sin pausa hasta alcanzar un volumen que casi duplica el que tenía el primero de julio de 2012, el día del alumbramiento del sistema de copago farmacéutico en la región. En ese periodo, en Asturias ha decrecido la población sanitaria mientras se disparaban los enfermos de rentas bajas, exentos de participar en eso que los más críticos llaman el "repago" de las medicinas y que en el verano de 2012 instituyó seis tipos distintos de aportación en función del nivel de renta del usuario.

El tiempo transcurrido desde el lanzamiento de la fórmula, y sobre todo la virulencia del impacto del ciclo crítico sobre las economías familiares, han corregido el efecto del modelo sobre las arcas públicas, tendiendo a ampliar sin parar el sector de los que tienen derecho a la gratuidad de sus medicinas y a reducir sin excepción todos los demás, aquéllos que sí contribuyen, más cuanto más alto sea su nivel de renta, abonando entre el diez y el sesenta por ciento del precio de los fármacos.

Los exentos de todo pago, ese grupo particularmente vulnerable que abarca a las personas con discapacidad, a los receptores de rentas de inserción social o pensiones no contributivas y a los parados que hayan agotado el subsidio de desempleo, eran algo menos de 30.000 en 2012 y han crecido hasta superar los 56.600 en 2016. Su ascenso, su expansión sostenida en mitad de una región de demografía sanitaria declinante, alcanza un 93 por ciento en apenas cuatro años que pone en evidencia hasta qué punto los efectos de la crisis han ido amortiguado progresivamente, por la vía de los hechos, el ahorro del copago farmacéutico que Asturias abrazó el 1 de julio de 2012 por imperativo del Gobierno de España en cumplimiento del Real Decreto elaborado por el Ministerio de Sanidad. Los pacientes con derecho a medicinas gratuitas, que suponían apenas el 2,7 por ciento del total de la población sanitaria asturiana en 2012, representan el 5,4 en el último dato oficial, incluido en el contrato-programa suscrito el pasado febrero entre la Consejería de Sanidad y el Servicio de Salud del Principado (Sespa) para trazar los objetivos del sistema sanitario asturiano de aquí a 2017.

El balance numérico sobre la aplicación del sistema dice que han aumentado los que no pagan a medida que disminuían los que sí están obligados a hacerlo, pero también incluye la certeza de que además han menguado especialmente los grupos de pacientes que más pagan. Así, el colectivo de los obligados a abonar al menos la mitad del importe de sus medicinas -los trabajadores con rentas superiores a 18.000 euros y los pensionistas con más de 100.000- han perdido en estos cuatro años cerca de 20.000 beneficiarios, pasando de las cerca de 221.500 personas que estaban en estas situaciones en 2012 a las poco más de 202.000 del último recuento. La caída es particularmente acusada entre aquellos pacientes forzados a asumir un porcentaje más alto de "copago", los trabajadores o pensionistas que por ingresar más de 100.000 euros anuales están obligados a sufragar el sesenta por ciento de sus medicinas. Este tramo ha perdido uno de cada tres pacientes en cuatro años, cambiando 5.700 por poco más de 4.000, un marginal 0,4 por ciento de la población total. El área sanitaria del Suroccidente sólo atiende, por ejemplo, a 28 personas en esta situación.

En la situación actual del sistema, casi 95 de cada cien pacientes asturianos pagan en mayor o menor medida por sus medicinas, pero es mayoritario el colectivo de renta y pago más bajo. El 38 por ciento no abona nada o contribuye solamente con el diez por ciento del precio y menos del veinte paga la mitad o más.

Desde 2012, el decreto del copago dividió a los ciudadanos en los seis tramos de renta instituidos por el Ministerio para determinar quién paga nada y quién un porcentaje de entre el diez y el sesenta por ciento de las medicinas. Antes, los trabajadores abonaban en la farmacia el cuarenta por ciento del importe de sus medicamentos, mientras que los pensionistas estaban exentos del pago.

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