En plena crisis láctea, los queseros asturianos tropiezan con una nueva piedra, puesta en el camino por el Gobierno central. Se trata de una norma que obliga a las empresas agroalimentarias a pasar anualmente una auditoría que encarecería hasta un 9% su producto y frenaría en consecuencia la capacidad exportadora de la región. Los artesanos están que echan chispas ante lo que consideran un "abuso" y una "vergüenza", que supondrá el cierre de muchos negocios. "En vez de agilizarnos más las cosas, dado los tiempos que vivimos, nos ponen más y más trabas", se quejan. Román Carriles, de Queso de Varé, en Siero, denuncia que la Administración no haga diferencia entre el pequeño y el gran productor. "Machacan a los de siempre para que la industria se coma el pastel", señala. Por su parte, el director general de Desarrollo Rural y Agroalimentación, Jesús Casas, afirma que los controles son necesarios, pero admite que la normativa "no tiene en cuenta las singularidades del pequeño y mediano empresario". Casas insiste en la unión para ahorrar costes.
La norma en cuestión es un real decreto de "Certificación veterinaria oficial para la exportación con destino a países distintos a la UE" que entrará en vigor el próximo 1 de julio. El reglamento, critican los productores, les obliga a someterse a una auditoría externa -como mínimo 2.000 euros- sin la cual el Ministerio de Asuntos Exteriores no otorga el pertinente permiso para exportar. "Son unos ladrones. No se pueden duplicar documentos y cobrar por ello. Lo tienen todo controlado y cada vez nos piden más y más", dice indignado Pepe Bada, considerado el mejor elaborador del queso cabrales. Los mismo opina Cristina González, que produce afuega´l pitu bajo la marca Rebollín: "Nos van a certificar algo que ya lo está haciendo Sanidad. Además, nos va a costar entre 2.000 y 3.000 euros cuando el primer año en un país extranjero si consigues ganar 1.000 euros ya es mucho". "Aquí vivimos de incrementos", lamenta Esther Martínez, de quesos La Peral.
El problema es serio, pues como señala Alberto Amandi, de Los Caserinos, en Villaviciosa, la exportación es una salvación para muchas empresas agroalimentarias regionales. "El mercado aquí está muy complicado, vender a otros países es una salida", comenta. Román Carriles, de Queso de Varé, lo lleva haciendo desde hace 19 años. "Nunca tuvimos ninguna dificultad y nos la ponen ahora. Porque al grande esto no le supone nada, pero al pequeño empresario, mucho", asegura. Carriles considera que la norma "no tiene ni pies ni cabezas", ya que admite una "trampa".
"Yo puedo vender en Estados Unidos a través de un intermediario francés, italiano o portugués, y librarme del control", manifiesta. La razón es que otros países de la Unión Europea no tienen que cumplir con los mismo requisitos que España. Por eso, denuncia: "No competimos en igualdad de condiciones; es injusto". "Al mes, el Ministerio nos hace seis analíticas de leche. ¿Por qué con eso puedo vender aquí y fuera no? ¿Que es que lo que vendo aquí es malo?", añade.
El director general de Agroalimentación, Jesús Casas, entiende por un lado el cabreo de los queseros y por otro, la exigencia que impone la Administración central. Casas indica que "algo de razón tienen los productores", pero invita a hacer un análisis más amplio de la medida. "Somos una potencia exportadora en el sector agroalimentario. Es lógico que tengamos que pasar por unos niveles muy altos de exigencia. No podemos reducir nuestro controles, porque corremos el riesgo de que si pasa algo con un artículo afecte a toda la producción", razona. El Principado concluye que la única solución es -una vez más- la unión con el objetivo de concentrar producciones y ahorrar costes.
