La Fiscal Superior del Principado de Asturias, María Esther Fernández García, ha abierto diligencias de investigación en base a la documentación remitida por la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias sobre presuntas irregularidades detectadas en el suministro de material a 87 centros educativos de la comunidad para favorecer a las empresas Comercial Técnica Integral (APSA) y Comercial Asturiana de Papelería S. A. (IGRAFO), después de que la sección tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, durante la primera sesión del juicio del "caso Marea" inadmitiera la incorporación de esta documentación al procedimiento. Hasta el momento no se había tramitado causa penal alguna sobre los documentos, que incorporan nuevos hechos presuntamente delictivos, que afectan no solo a las citadas empresas, sino a otras no incluidas en las actuaciones.

El 22 de diciembre de 2015, la Fiscalía del Principado de Asturias incoó unas Diligencias de Investigación tras recibir un escrito de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, acompañado de distinta documentación, en el que daba cuenta de presuntas irregularidades detectadas en centros escolares de la comunidad en relación con material suministrado por APSA e IGRAFO.

Una vez abiertas las diligencias de investigación, la Fiscalía solicitó una ampliación de la información recibida a la Consejería, que contestó el 28 de enero de 2016 que toda la documentación solicitada, y la que ya se había incorporado a las diligencias, había sido remitida a la sección tercera de la Audiencia para que fuera utilizada en el procedimiento del "caso Marea". Debido a esto, y por imperativo legal, archivó las diligencias de investigación.

El pasado lunes, la Fiscalía rechazó la incorporación del informe del Principado al procedimiento al tratarse de hechos nuevos que no habían sido instruidos en la causa. Y es que su inclusión hubiese podido motivar una nulidad del juicio. Ese mismo día, la Fiscalía dedujo decidió abrir unas nuevas diligencias de investigación, dado que por los hechos denunciados no se tramita en la actualidad causa penal alguna.