Será, si cumplen, en el segundo semestre. Después de años de sentencias judiciales adversas, el Principado se propone convocar en la segunda mitad de 2016 los concursos de méritos para volver a adjudicar las plazas de alto funcionario de la Administración que los tribunales tumbaron por haber sido concedidas mediante el abuso del "dedo", técnicamente libre designación. El director general de Función Pública, José María González Gancedo, puso ayer esa fecha aproximada a la tramitación de los procesos selectivos que están pendientes en las más altas instancias del entramado administrativo, sobre todo en las jefaturas de servicio reiteradamente cuestionadas en los tribunales por la querencia desmedida del Principado por el nombramiento "a dedo".

Entre críticas generalizadas de toda la oposición parlamentaria a su gestión de la función pública, entre censuras graduales que llegaron a la petición de dimisión pronunciada desde la bancada de Podemos, González Gancedo abrió paso a su propuesta de corrección de un problema que lleva años generando sentencias contrarias al proceder de la Administración autonómica desde los tiempos de Vicente Álvarez Areces. Su intento de poner orden incluye, anunció el director general, "el borrador de un anteproyecto de Ley de Función Pública" en fase de elaboración, la pretensión de que esa norma sea tramitada antes de que acabe la legislatura y la renovación de la clasificación de los cargos en sectores y subsectores previa a la confección de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) como paso necesario, aseguró, para que los concursos sean convocados en el segundo semestre.

El director general eludió ayer, en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Junta, las peticiones de una mayor concreción de plazos, pero no las abundantes críticas por el retraso de la convocatoria. El diputado de Podemos Enrique López afeó a la Administración que por su dilación en la convocatoria de los concursos mantenga "más de 250 nombramientos en comisión de servicio que han superado el límite de dos años establecido por ley y que son, por tanto, ilegales". González Gancedo negó este extremo al considerar que la situación es excepcional porque faltan concursos, que la comisión de servicios es el "único método" a su alcance para cubrir vacantes y que pese a todo estos puestos los han ocupado "funcionarios de carrera que desempeñan perfectamente sus funciones".

Al llegar al análisis de la decisión del Principado de congelar transitoriamente el cobro del segundo nivel de la carrera profesional para funcionarios y laborales, el director general dijo comprender el enfado de los empleados públicos afectados, pero también invitó a entender, en la línea de lo ya manifestado por el presidente del Principado, que "los recursos son escasos". González Gancedo envió por delante las otras estrategias auspiciadas por el Gobierno para devolver a los trabajadores de la Administración los derechos perdidos durante la crisis. Conectó la calculadora y le salieron, sumando el coste la subida salarial del 1 por ciento con el restablecimiento de la paga extra suprimida en 2012 y la devolución de días de vacaciones, permisos y antigüedad, algo más de 74 millones de euros.

Las explicaciones del director general no mitigaron el escepticismo de la oposición. Enrique López (Podemos) pidió al director general la dimisión entre otras razones por "convertir la Administración en un cortijo de castas funcionariales bien alimentadas", Cristina Coto (Foro) aludió al recorte de la carrera profesional como el motivo de "la enésima decepción para los empleados públicos" y Emma Ramos (PP) dejó patente su desconfianza de las promesas "hasta que no se vean los resultados" mientras Gaspar Llamazares (IU) reclamaba "un calendario claro de recuperación de derechos" y Armando Fernández Bartolomé (Ciudadanos), otras propuestas como "ligar salarios a la productividad".