Cuando en el pasado mes de diciembre la Consejería de Educación publicó el decreto regulador de la "nueva" Orientación Educativa y los sindicatos de la pública le dieron la bienvenida a coro y sin fisuras, el milagro de la unanimidad llamó la atención. Cosa inédita, como quien dice, en un contexto de ácidas críticas a la orden del día.
En el sistema educativo asturiano se está preparando una pequeña revolución. Tiene fecha: el 1 de septiembre próximo, inicio oficial del curso 2016-17. Cambia la filosofía de la Orientación Educativa, que dejará de ser un servicio solo para determinados perfiles de alumnado y para situaciones puntuales para convertirse en un servicio por el que pasarán aproximadamente ochenta mil escolares asturianos, los matriculados desde Primaria a Bachillerato y FP.
Tras la publicación del decreto, en plenas navidades, el segundo paso llegó con la convocatoria de oposiciones docentes en la que se incluían 46 nuevas plazas de Orientación Educativa, una oferta solo superada por las 56 plazas en la asignatura de Matemáticas.
Cuando se concreten, la Orientación asturiana contará con 214 trabajadores, un colectivo muy variopinto que llega de campos como la Pedagogía o la Psicología. "Pero un orientador no es un profesor y tampoco un psicólogo", matiza Mirella Vallina, jefa del servicio de Orientación Educativa.
El actual curso empezó en Asturias con cerca de 2.700 escolares con necesidades educativas especiales en la red pública. Otros 5.000 necesitan apoyo educativo. Es un colectivo que ha estado -y seguirá estando- al cargo directo de la Orientación Educativa. Hay necesidades de todo tipo, desde las sensoriales o motoras a las generadas por trastornos de conducta y espectro autista. Ese saco con fondo afecta a los alumnos con sobredotación intelectual, a los de incorporación tardía al sistema (por lo general, inmigrantes) e incluso a los que pasan por las aulas hospitalarias, la alternativa del sistema para los niños hospitalizados o en larga convalecencia para ayudarles a no perder el curso.
Tan solo en Primaria unos mil niños requieren alguna acción de apoyo frente a problemas derivados de trastornos de aprendizaje y desarrollo. En Primaria y Secundaria, unos 250 escolares asturianos presentan discapacidades auditivas, motoras o visuales.
Cada año las estadísticas cambian. Las necesidades de inmersión lingüística están condicionadas a la mayor o menor llegada de población inmigrante no hispanoparlante. Estos años, con la crisis, van a menos. Por contra, hay una demanda creciente de atención a las altas capacidades y a trastornos graves de conducta.
Manda el tamaño
El organigrama de la Orientación Educativa tendrá un equipo regional, con sede en Oviedo, que se crea con el nuevo decreto. Un coordinador por cada una de las áreas antes reseñadas, y diez equipos de orientación distribuidos por toda Asturias.
Los centros de Infantil y Primaria de la red pública tendrán unidades de orientación. Una novedad del decreto. Todos los colegios públicos con más de 400 alumnos podrán contar con un orientador a tiempo completo. Por debajo de esa cifra será preciso echar mano de los equipos de orientación, órganos de apoyo externo, con ratios de presencia según el alumnado. En el más modesto de los casos, colegios de menos de 50 alumnos, el orientador pasará dos días al mes.
Mirella Vallina explica que "hay que responder a la diversidad pero la Orientación Educativa también tiene mucho que ver con los proyectos de vida, las actitudes, los hábitos y los valores". La universalización del servicio viene de la mano de lo que se llama Programa de Acción Tutorial, el seguimiento permanente de cada alumno y la coordinación con las familias.
De los 214 orientadores educativos que tendrá Asturias el próximo curso, 71 estarás destinados a los institutos (algún orientador más en determinados IES sería bienvenido). Los equipos de orientación educativa estarán al cargo de 68 profesionales, y las unidades de orientación, 44.
Patronal y sindicatos de la enseñanza concertada mantienen su petición de más apoyos de orientación al sentirse discriminados en ese reparto de medios humanos y materiales, a pesar de que el decreto regulador afecta a todos los centros sostenidos con fondos públicos.
