Los principales empresarios implicados en el "caso Marea", Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín, han optado por eludir cualquier responsabilidad, negar que se hiciesen regalos y culpar al Principado de sus males. "Somos víctimas de la forma de actuar del Principado, he sido un tonto útil, nunca tuve conciencia de hacer pagos ilegales", aseguró Alfonso Carlos Sánchez, quien aseguró haber recibido órdenes de elaborar facturas falsas por orden de los responsables de la administración regional. "A veces se nos dijo que como no había dinero presupuestado, había que facturar con otro concepto", ha indicado, poco antes de que suspendiese, a la una y media de la tarde, la sesión matutina del juicio, que se reanuda a las cuatro y media de la tarde, con la declaración del empresario Antonio José Azorín (Nora) y el arquitecto avilesino Braulio Iglesias.
Sánchez se ha quejado de que llegó a soportar una deuda de la administración de doce millones de euros. "Es increíble que me acuse el ente que me utilizó y me hundió la vida", ha dicho, en referencia al Principado. Sánchez aseguró que ayudó a algunas consejerías a gastar los remanentes de tesorería extendiendo facturas y cobrándolas. "Es dinero no era mío. Al año siguiente, la administración iba realizando esos pedidos ya pagados, pero no se correspondían con los conceptos de las facturas", ha asegurado.
Preguntado si había pagado liberalidades a los otros acusados, especialmente a María Jesús Otero, como indican las facturas halladas en su empresa, dijo no reconocerlas, ya que se obtuvieron vulnerando sus derechos fundamentales. En cualquier caso, indicó: "Si alguna vez pagué algo, que no lo sé, fue engañado".
Por su parte, Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo, adoptó en su declaración, justo antes de la de Sánchez, una doble estrategia. Por un lado negó tener nada que ver con la facturación de la empresa, puesto que lo suyo era el área comercial. Por otro lado, afirmó que todo el material se sirvió a los centros escolares, y que posiblemente el problema es que el Principado no lo encuentra, ya que en ocasiones se llevaba a los almacenes de El Batán, en Mieres, y La Arquera, en Llanes.
Muñiz negó que el exconsejero de Educación y la exdirectora general de Planificación del mismo departamento favoreciesen a su empresa, aunque admitió conocerlos desde hace décadas y particularmente dijo ser amigo personal de Iglesias Riopedre. Admitió que éste le pidió ayuda para su hijo, pero sin contrapartida alguna. Indicó que no pudo ayudarle porque no dominaba el mundo en que se movía Ernesto Iglesias. Y negó haber dado regalos: "Salvo que se considere un regalo pagar un café o enviar un calendario por Navidad".
