El exgerente de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, ha declarado este miércoles ante el Tribunal que juzga el denominado caso Marea que su empresa "nunca ha recibido trato de favor de ninguna administración" y ha añadido que "si se dirigían a ellos era por otras razones".

Muñiz ha reiterado en numerosas ocasiones que no era su competencia autorizar facturas ni tampoco lo eran la venta de maquinaria y mobiliario. Así ha manifestado que nunca autorizó facturas porque no era su función. En este sentido ha indicado que si bien es cierto que examinó algunas de las facturas que se incluyen en la causa no reconoce su firma en las mismas. "Hay muchas firmas diferentes pero ninguna es mía", subraya.

"Contabilidad y facturación de Igrafo no eran de mi competencia pero es que además yo no sabría hacerlo", ha insistido el acusado que también ha negado sobornos o regalos. "En nuestra empresa nunca se han hecho liberalidades y regalos salvo que se considere una liberalidad que se invite a un café o que se entregue un calendario a fin de año", ha manifestado el acusado.

Así, al preguntarle su abogado Miguel Valdés los motivos por los que Igrafo y Almacenes Pumarín concentraban la mayor parte de las obras y pedidos de las Consejería de Educación y de otras, el procesado ha indicado que "trabajaban bien, daban un servicio rápido y de calidad" y ha añadido que además no sólo tenían contratos con consejerías, sino también con la Junta General y con organismos dependientes del Estado y Administraciones locales.

Múñiz, que únicamente ha respondido a las preguntas de su abogado ha tenido que escuchar las preguntas y acusaciones de Fiscalía que ha ido detallando las conversaciones que mantenían los acusados de la trama de corrupción. Lo ha hecho en una nueva sesión del juicio que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

Anteriormente, han prestado declaraciones los funcionarios de la Universidad y ayuntamientos acusados, mientras que el pasado lunes, han prestado declaración los también acusados Marta Renedo, el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general, María Jesús Otero y la funcionaria María Paz Pendás.

El empresario se enfrenta a nueve años de prisión y una multa de 1,5 millones de euros acusado de delitos de cohecho y falsificación, así como presunto autor de un delito de fraude, exacciones ilegales y malversación como cooperador necesario.