El exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, encausado en el "caso Marea", el mayor juicio por corrupción celebrado en Asturias, "no recibió un euro ilícito", aunque sí se aprovechaba de las empresas acusadas en este procedimiento para que le dieran trabajo a su hijo y viajó a cuenta de ellas.

Éstas son las principales conclusiones de la séptima sesión celebrada ayer del juicio del "caso Marea", en el que hay 13 acusados. Para los siete principales encausados la fiscalía pide una condena global de 57 años de cárcel. Una de las acusaciones particulares, AVALL, retiró ayer las acusaciones contra cinco funcionarios de los ayuntamientos de Oviedo, Avilés y Mieres, que sólo mantiene Podemos.

El inspector jefe del grupo de delitos económicos de la Comisaría de Gijón, donde se inició la investigación, señaló que "no se ha visto que el entonces consejero de Educación recibiese un euro ilícito". Pero añadió que "sí se aprovechaba" para que las empresas implicadas Igrafo y Almacenes Pumarín (APSA) le dieran trabajo a su hijo.

En su declaración añadió que a raíz de las escuchas telefónicas que se practicaron se comprobó que existían relaciones entre Igrafo y Nora, y que ésta era la que contrataba con Geogal, que era la empresa del hijo de Riopedre. Es más, algunas de las obras adjudicadas de manera presuntamente irregular a Nora se realizaban antes de que fueran adjudicadas, y puso como ejemplo el estudio de geotermia del Instituto de Educación Secundaria de Infiesto, donde además se presentaron facturas falsas para cobrar subvenciones públicas.

El máximo responsable de la investigación, que declaró durante tres horas, indicó que el rastreo de las cuentas bancarias abiertas por Marta Renedo suplantando la identidad de dos mujeres fue clave para destapar el supuesto entramado. Las empresas Igrafo y APSA habrían realizado ingresos en dichas cuentas, que manejaba Renedo.

Según su relato, la investigación arrancó a raíz de que Azucena Vega denunciase que se había abierto una cuenta a su nombre en la oficina de Bankinter de la calle Uría de Oviedo suplantando su identidad. Los agentes confirmaron que la apertura la había hecho Marta Renedo, y que era ella la que operaba utilizando tres tarjetas. "Entre 2008 y 2009 ingresó 250.000 euros procedentes del Principado", afirmó el inspector. Desde esa cuenta se transfirió un gasto de 45.000 euros a una cuenta a nombre de Severina Blanco, otra de las mujeres cuya identidad suplantó Renedo.

Y también sacó 23.000 euros en cajeros, utilizando para ello teléfonos de tarjeta de prepago, para los que en aquella época no era necesario identificarse. Incluso había gastos propios de Renedo, algunos hechos con sus tarjetas "legales", como en una carnicería o de vacaciones en Ibiza. El inspector aseveró que "pensamos que tenía que haber una trama. Una alta funcionaria que logra sacar 134.000 euros del Principado por la puerta de atrás y no se sabe cómo... sola no podía hacer eso", por eso solicitaron realizar las escuchas telefónicas, para poder tirar del hilo. En una de esas conversaciones la propia Renedo afirmó que "ya había podido rapiñar seis millones (de pesetas) en el fin de semana, que le llevaría a Víctor (Manuel Muñiz, el gerente de Igrafo) lo antes posible".

Según su declaración, también se averiguó que Iglesias Riopedre daba las órdenes a María José Otero, su número dos, y que era ella la que "daba todas las instrucciones sobre cómo preparar las ofertas y los presupuestos que se debían poner", lo que no correspondía con su cargo.

El responsable de una agencia de viajes en Llanes confirmó en su declaración que Otero reservaba viajes que se facturaban a Igrafo y APSA, y que José Luis Iglesias Riopedre viajó "al menos en dos ocasiones" en estas condiciones, una a Barcelona y otra a Tenerife. A esas dos empresas se facturaron entre 2006 y 2009 más de 198.000 euros. La mayor cuantía en 2008: 80.000 euros.