El tiempo va erosionando el "caso Marea". Varios agentes de la investigadores policiales evidenciaron en la vista de ayer el largo lapso transcurrido desde que se practicaron las diligencias (2010 y 2011) y manifestaron algunas lagunas, aunque su testimonio apuntaló las tesis de las acusaciones. Por ejemplo, el desbarajuste de material de los centros. También hallaron documentos relativos a empresas y bienes de la ex directora general María Jesús Otero entre los papeles de Igrafo y APSA, y pruebas de que el 8 por ciento de algunos contratos de la primera fue a parar a la nave de Geogal, del hijo del exconsejero Iglesias Riopedre.
Un agente que acudió al núcleo vaqueiro de Belén de la Montaña (Valdés), testificó en la Audiencia que se encontró un local, la antigua escuela, de "30 o 40 metros cuadrados, con sillas un tanto deterioradas y una televisión cedida por la Caja Rural".
Nada de las 220 papeleras del contrato, ni sillas o mesas de paquete. "No había nada, allí no se pudieron pagar 200.000 euros", aseguró el agente, a quien el alcalde de Valdés hasta 2011, Juan Pereiro, explicó que allí no hubo nunca un centro social, sino "un telecentro que se rehabilitó con una subvención".
"Nadie nos dijo que el material de Belén se hubiese servido en la biblioteca del Fontán, ni nos hablaron del almacén del Batán", indicó. Y es que las defensas sostienen que ese material se sirvió en otros centros o se almacenó en el instituto público de Mieres.
El mismo agente estuvo en el centro Valnalón de Langreo, donde, en algunos pedidos "se entregó algo del material facturado", en otros, ni eso. En algunos casos, el director reconoció su firma; en otros, no. En el "Rey Pelayo" de Cangas de Onís ocurrió otro tanto. "Se asustaron cuando les hablamos del expediente de las ventanas. Instalaron lo que ellos mismos fabricaron, y cargaron una factura de 55.000 euros", dijo. Igrafo cargó 82.000 euros al Principado. Hay diez expedientes dudosos, uno de hasta 90.000 euros en mobiliario, pero los responsables del centro "aseguraron no haber recibido nada, aunque el director reconoció su firma en la factura". Lo mismo ocurrió en los institutos de Llanes e Infiesto. "Pidieron un material que no se sirvió; recibieron otro que no pidieron. Era habitual", añadió.
También compareció el agente que analizó la cuenta a nombre de Azucena Vega, una de las suplantadas por Renedo. "Estaba domiciliada en su piso de La Cámara, en Avilés. Tenía asociadas tres tarjetas con direcciones suyas. Había movimientos a sus cuentas y a otra a nombre de Severina Blanco", dijo. Los cargos era diversos: desde 11.000 euros para una tarjeta del Corte Inglés, a una estancia de hotel en Estepona (Málaga) o 259.000 euros pagados por el Principado por trabajos de Dictec y Azucena Vega, por "conceptos que era imposible que costasen lo que se cobraba".
El mismo agente analizó documentos de Igrafo, con pagos a la empresa ficticia de Renedo, Oxiplans, o la cuenta a nombre de Pilar Fernández, otra suplantada. "Había un expediente sobre el piso de Otero, respecto al que intentó hacer un apaño con Muñiz", director comercial de Igrafo. En la empresa se hallaron "muchas" facturas de Nora, cuyo gerente, Antonio Azorín, también está acusado. Ambas se presentaban a concursos junto a otras sociedades "con cuyos gerentes se ponían en contacto". Y halló pruebas de que Igrafo actuaba como intermediario para obtener material para el Principado -como un partida de ordenadores de HP- por una "comisión suculenta".
El letrado de AVALL, Esteban Aparicio, preguntó por un apunte de Muñiz que salpica al hijo de Riopedre, Ernesto Iglesias. Se refiere a un ingreso de 1,1 millones por cinco equipamientos concedidos por Educación, cuya comisión del 8 por ciento "se relaciona con Geogal, para unas obras de una nave", indicó.
Una tercera agente explicó cómo había contactado con una de las suplantadas de Renedo, la bonaerense Pilar Fernández, que "dijo que nunca había venido a Asturias ni tenía intención", ni tenía cuentas en España. También analizó las subvenciones regionales al club de baloncesto ADBA, que crecieron hasta los 122.000 euros cuando militó en él la hija de Renedo. Estudió las facturas halladas en Almacenes Pumarín (APSA), como el viaje pagado a Iglesias Riopedre o los 150.000 euros en tarjetas del Corte Inglés adquiridos por un comercial de la empresa, algunas de las cuales terminaron en manos de algunos acusados. La funcionaria verificó que buena parte del material que figura en las facturas no se sirvió.
Las comparecencias de ayer se completaron con María José Cortes de la Cuesta, quien confirmó que su firma se falsificó en un contrato de 20.000 euros, y Ángeles Cigarría, sucesora de la avilesina en Promoción Cultural, quien admitió haber recibido correos de un comercial de Igrafo sobre pedidos a los que dio curso "con conocimiento de sus superiores". Preguntada por el equipamiento de Belén de la Montaña, dijo: "Me sorprendería que lo hubiese tramitado". Finalmente compareció un cantero, Manuel Forcelledo Tolivia, que hizo trabajos en un chalé de Poo de Llanes vinculado a Otero. Figuran facturas a su nombre por trabajos en el Museo del Jurásico y un chalé de Latores (de Muñiz). "No los hice", aseguró.
