"Mejor esto que una patada en la boca". La resignación nada complaciente de Marco García, coordinador de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) en la Administración autonómica, es la más condescendiente de las consideraciones que los representantes de los empleados públicos desmenuzaron ayer en la Junta al valorar, a petición de los grupos, el proyecto de ley que da cobertura a la subida salarial del uno por ciento a los funcionarios autonómicos. Por el turno de comparecencias desfilaron los líderes sindicales y con ellos los calificativos para una subida "cicatera", "electoralista", "irrisoria", "pírrica", "insuficiente", "un avance exiguo", "una limosna" y así hasta "casi una burla", "una ofensa" y más allá.
Los trabajadores compusieron así su propia enmienda a la totalidad del proyecto legislativo de la Administración autonómica, que lleva aparejada la congelación "transitoria" del cobro del segundo tramo de la carrera profesional y, por extensión, de la política de personal del Ejecutivo socialista. Antes de que la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, defendiese la recuperación salarial por ser "la máxima que permite la normativa estatal" y cifrase en 42 millones de euros el coste total que generará este año la recuperación de los derechos perdidos por los funcionarios, éstos se habían despachado a gusto con la falta de capacidad de las medidas arbitradas por el Gobierno para compensar el daño causado por la crisis. A la subida del uno por ciento "no se le puede considerar recuperación de derechos", dijo tajantemente el presidente de la Junta de Personal Funcionario, Nicolás González, para quien la factura de la crisis ha supuesto "la destrucción de miles de puestos de trabajo" sin reemplazo y "el deterioro de la prestación de servicios públicos en Asturias". La congelación de la carrera profesional sería, en su versión, "un fraude" por lo que supone de incumplimiento de los acuerdos pactados entre la Administración y su plantilla y además la prueba de que "se nos siguen aplicando recortes".
Poder adquisitivo
Los intervinientes cifraron en un veinte por ciento la pérdida de poder adquisitivo del colectivo durante los años de crisis y se demoraron en el inventario de daños. Afearon al Gobierno que no asegure la recuperación este año de lo que queda de la paga extra suprimida en 2012 -el tercer y último tramo se les devolverá en enero de 2017 sólo si hay dinero en este ejercicio- y los "recortes" que quedan sin resolver. Con la coartada de la crisis, afirmó la vicepresidenta de CSIF, María Isabel San José, "Javier Fernández cogió la tijera y aprovechó para restar las ayudas de acción social y fulminar las aportaciones al plan de pensiones". Todas las valoraciones fueron de similar tenor crítico cuando intervinieron los representantes de USIPA, UGT, CCOO, los comités de empresa del Servicio de Salud del Principado y del ente público Establecimientos Residenciales para Ancianos o los sindicatos educativos ANPE y OTECAS. Coincidieron en la crítica de lo recorrido y en la versión del presidente de la Junta de Personal respecto a lo que queda por recorrer: "No hemos logrado saber cuánto ahorro ha supuesto la ampliación de la jornada a 37 horas semanales", lamentó, "ni el coste" que supondría hacer caso al mandato de la Junta y volver a las 35.
En su turno de comparecencia, la consejera de Hacienda presentó unos planes de recuperación de derechos para los empleados públicos que será "progresiva" a lo largo de la legislatura y vino a pedir paciencia porque aún "estamos al inicio". Defendió que la subida salarial está "enmarcada en los límites presupuestarios y los márgenes legales" y calcula que costará 16,6 millones de euros que habrán de sumarse en los planes de gasto de este año al resto del coste de la recuperación de derechos prevista: los 19 del tramo de enero de la extra y los 6,4 de los días de asuntos propios y ligados a la antigüedad. En total, 42 millones que subirán con 17 más si finalmente hay disponibilidad para devolver este año el tercer y último tramo de la extra.
A la crítica casi unánime de la oposición terminó replicando Carcedo que hay muchas cifras que cuadrar, que "estamos recuperando muchos derechos, no sólo los de los empleados públicos". La consejera escuchó de Podemos que los funcionarios cobran ahora lo mismo que en 2007; del PP, que este proyecto tiene un "escaso peso" para dar respuesta a las necesidades de los funcionarios"; de Foro, que llamar a esto recuperación de derechos "es una tomadura de pelo"; de Ciudadanos, la petición de una reforma integral de la función pública, y de IU la relcmación de un "calendario propio" que concrete cuándo será efectiva la devolución de derechos.
