El Gobierno regional suturó ayer la herida abierta en el pacto de investidura con IU a cuenta del decreto sobre las listas de espera en la sanidad pública asturiana. El presidente del Principado, Javier Fernández, garantizó ayer a Gaspar Llamazares que el acortamiento de los plazos para una intervención quirúrgica (180 días) o para una prueba diagnóstica (dos meses), "no tendrá casi repercusión en el gasto" ya que se afrontará con la optimización de la red pública. En el debate sobre las listas de espera sanitarias también metió baza en el Pleno de la Junta Mercedes Fernández, que vinculó el decreto del Ejecutivo socialista con la proposición de ley popular.

Javier Fernández compareció al turno de preguntas con los deberes que le había puesto al Gobierno la semana anterior Gaspar Llamazares. De entrada, el presidente del Principado se esmeró en garantizar a IU la disposición de su Gobierno a negociar el contenido del citado decreto que "pretende ser sólo un paso más en la mejora del sistema sanitario público, y esa mejora pretendemos compartirla y contar con ustedes". El portavoz de la coalición instó al Gobierno "a sentarse" también con los profesionales del sector para "abordar el exceso en materia diagnóstica de las listas de espera" y exigió "una información que ahora es sesgada y parcial, que sea entendible por los ciudadanos".

El presidente del Principado aprovechó su segundo turno para das cifras sobre la parte de "la tarta" que se lleva la sanidad privada de la derivación de pacientes para acortar las listas de espera. "El dinero que se destina a la sanidad con ánimo de lucro son 3,5 millones de euros, que es el cuatro por ciento del presupuesto destinado para convenios y conciertos y un 0,22 del presupuesto total de la sanidad". Fernández precisó que se trata en su mayoría de pacientes con patologías muy específicas y citó la clínica Ruber, el centro de las Hermanas Hospitalarias de Toledo y el Instituto Catalá Trauma, fuera de Asturias, y el Centro Médico, Resonancia Magnética del Principado y la Clínica Asturias, en la región, como las instituciones con la que se contratan la mayor parte de esas derivaciones con la sanidad privada, además de tres clínicas donde se practican abortos "para respetar la objeción de conciencia de los facultativos que no quieren practicar abortos" y de las instituciones que atienden personas con VIH, refugiados y personas en riesgo de exclusión, como es el caso de la fundación Siloé. El 96 por ciento restante se contrata con fundaciones sin ánimo de lucro como Cruz Roja, Jove y Adaro que, con los servicios de transporte sanitario, suponen casi 80 millones de euros.

La reducción de los plazos que persigue el decreto del Gobierno "no tendrá repercusión en el gasto", aseguró Javier Fernández, quien añadió que será posible porque se acometerá con los recursos de la red pública "donde tenemos dos hospitales nuevos y en mejor condición, con nueve quirófanos más y más atención ambulatoria que requiere menores tiempos de hospitalización".

La portavoz del PP, Mercedes Fernández, aprovechó su última pregunta al Presidente del período de sesiones para cuestionar la política sanitaria socialista y poner en valor la iniciativa de su grupo de regular por ley los plazos máximos en las listas de espera. "Ustedes se activaron y su Consejero se precipitó a contraprogramar nuestra proposición de ley", reprochó la dirigente popular desde su escaso. Javier Fernández calificó de "oportunismo bufo" la pregunta de la portavoz popular que, a su juicio, quiere sacar rédito de "las diferencias" entre IU y el PSOE. "Vamos a negociar con ellos ese decreto y en ningún caso habrá transferencia de lo público a lo privado".