Respaldo del Consejo de Transparencia a la norma asturiana sobre buen gobierno

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, respalda el anteproyecto de ley del Principado sobre transparencia y únicamente realiza algunas sugerencias de mejora de redacción.

El gobierno regional ya ha remitido el anteproyecto al Consejo Consultivo, con lo que está previsto que la norma entre en la Junta General dentro de este periodo de sesiones.

En un informe emitido el pasado 5 de mayo, la presidenta del organismo, Esther Arizmendi Gutiérrez, considera que el anteproyecto elaborado por el gobierno autonómico, y que está pendiente de su debate en el parlamento asturiano, "es una norma clara, bien estructurada y ajustada a las previsiones de técnica normativa usualmente de aplicación y a las exigencias de los principios normativos de claridad y seguridad".

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno está encargado de promover la transparencia de la actividad pública, así como de velar que se cumplan las obligaciones de publicidad y salvaguardar el derecho de acceso a la información pública.

En su informe, el organismo estatal resalta algunas incorporaciones del anteproyecto autonómico asturiano, como la existencia de un artículo "que enumera los derechos y obligaciones de los ciudadanos en materia de transparencia", y también que se añadan las disposiciones adicionales que regularán el acceso a la información de la Junta General del Principado de Asturias y de sus órganos auxiliares: la Sindicatura de Cuentas y el Consejo Consultivo.

El Consejo de Transparencia señala, además, que el anteproyecto del Principado incluye algunas medidas y disposiciones que no están reguladas en la ley estatal, pero recalca que las comunidades autónomas tienen competencias para definir "sus propios regímenes de transparencia, acceso a la información y buen gobierno para adaptarse a su organización especifica".

El informe sobre el proyecto asturiano elogia, entre otras cuestiones, que incorpore la exigencia de "veracidad" en la información pública, que deberá proceder de documentos cuya autenticidad pueda acreditarse, así como el de "no discriminación tecnológica" en las posibilidades de acceso a la información.

Entre otros asuntos, también resalta de manera positiva la creación de un canal de denuncias anónimas. Este canal fue motivo de discusión entre el gobierno y Podemos. Finalmente, el Ejecutivo autonómico aceptó retirar del contenido del anteproyecto referencias a posibles consecuencias de las denuncias falsas, como planteaba la formación morada, al considerar que esas consecuencias ya estaban previstas en otras leyes de rango superior.