Soledad Saavedra, esposa del ex presidente del Principado Vicente Álvarez Areces, ha dicho hoy, en su declaración como testigo en el caso Marea, que "en ningún caso" tuvo ni tiene competencias en la contratación en el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada.

La declaración de Saavedra, jefa de área de Formación del Instituto, fue solicitada el pasado 5 de abril por el abogado del empresario Víctor Manuel Muñiz (Igrafo), Miguel Valdés-Hevia, quien pidió que la esposa del ex presidente autonómico testificase para explicar los gastos "catedralicios" imputados a este centro docente en una documentación entregada por la propia administración.

En su testimonio, Saavedra ha recordado el informe de la Intervención General del Principado que el mismo día comunicó la existencia de un error en la atribución del código gestor de bienes e inmuebles del Instituto Adolfo Posada en la documentación aportada al juicio del caso Marea por lo que no es atribuible a este centro el gasto de 11,4 millones de euros en mobiliario entre 2006 y 2009 que inicialmente se le asignó.

"Pedí recurso de amparo a la Consejería ante la indefensión total que estaba sufriendo ante las informaciones aparecidas en los medios de comunicación que dañaban mi imagen cuando no tengo competencias para comprar ni para contratar", ha subrayado.

Ha recalcado que no es contable del Instituto y que su función, desde el año 2000, es la de docencia y organización del servicio de diversificación.

"Vengo a hablar como funcionaria pero si, en esa época, mi marido era presidente del Principado", ha aseverado.

Con la declaración de Saavedra se han cerrado los testimonios de testigos en este juicio oral en el que trece personas se sientan en el banquillo de los acusados en la mayor causa por corrupción abierta en Asturias, para dar paso a las pruebas periciales.