La reforma del sistema de financiación autonómica será uno de las primeros retos a los que deberá hacer frente el futuro gobierno de España, todavía pendiente de despejar pese a que el PP mejoró sus resultados en la cita del 26-J respecto a las elecciones de diciembre. La revisión del modelo ya debía haber sido abordada durante el mandato de Mariano Rajoy pero prefirió esperar a una mejoría de la situación económica pese a gozar de una amplia mayoría absoluta y de controlar durante gran parte de la legislatura un amplio número de gobiernos autonómicos, pilares decisivos en esta negociación.
La dificultad que entraña tocar el sistema de financiación tiene como referente más cercano el sudoku que supuso en los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando en el intento se quedó por el camino la vicepresidencia de Pedro Solbes a quien dio el relevo Elena Salgado para culminar un modelo que hoy no satisface a ninguna autonomía y que los expertos, empezando por el asturiano Ángel de la Fuente, cuestionan por enrevesado y desigual.
Una de los obstáculos a sortear en este complejo proceso negociador será la difícil situación por la que atraviesan las comunidades autónomas de la zona mediterránea. Cataluña y Valencia unen a sus reivindicaciones de una mayor parte de la "tarta" de los dineros públicos unas elevadas cifras de deuda que atribuyen, precisamente, a una insuficiencia financiera lastrada por lo que consideran una participación demasiado escasa en proporción a su aportación a la bolsa común de los dineros del Estado.
