"La solución es que el Ministerio de Empleo establezca contratos específicos para la Administración pública y con suficientes garantías jurídicas para aplicarlos". Con esta rotundidad se expresaron ayer varias de las fuentes consultadas sobre las posibles alternativas legales para mantener vivos los planes locales de empleo. Pero las esperanzas son pocas. Ya se intentó negociar una solución en el año 2010, sin éxito alguno.
La problemática de los planes locales de empleo se desencadenó en Avilés, cuando casi un centenar de beneficiarios denunciaron al Ayuntamiento y ganaron. El consistorio tuvo que admitirlos y después aplicar un expediente de regulación de empleo para despedirlos e indemnizarlos, lo que supuso un enorme "rejonazo" a las arcas públicas municipales en plena crisis económica.
Tras esta "victoria" fueron decenas los beneficiarios de planes locales de empleo de toda la región que siguieron el mismo procedimiento y aún siguen ganando en los tribunales, que entienden que el trabajo realizado es propio de plantilla municipal y que, por tanto, debían formar parte de ella. El resultado es que los ayuntamientos asturianos han abonado ya más de 10 millones en indemnizaciones. "El objetivo es ayudar y dar una oportunidad personas con más dificultades y resulta que se ha convertido en un problema", lamentó un responsable municipal.
