Cuando se abra el melón de la reforma de la financiación autonómica, si es que en algún momento de esta legislatura existe un gobierno de base parlamentaria sólida que se decide a intentarlo, Asturias se verá empujada a una batalla ingrata de resultado incierto. Por eso necesita aliados, consensos, posiciones unitarias dentro y fuera de la región y unas buenas bazas que jugar. No es probable de entrada la victoria si se tiene en cuenta el escenario de partida que dibujan los especialistas. El Principado sale a esta carrera beneficiada por encima de la media en un sistema de reparto que se ha demostrado desigual y que urge actualizar, pero que no está claro que vaya a ser capaz de reformarse igual que sus predecesores, movilizando fondos adicionales a los disponibles, lo que obligará a Asturias a elegir muy bien sus cartas para evitar salir del envite peor que ahora.
Esta región envejecida y dispersa, fuertemente condicionada también en lo económico por su singularidad demográfica, se juega muchísimo en un combate en el que habría de jugar sobre todo una baza, "la de los costes reales de la prestación de los servicios públicos". La tesis del hacendista Santiago Álvarez coincide con un argumento que al menos en su formulación abstracta ha sido recurrente en los planteamientos del Gobierno regional, pero que requeriría, a su juicio, afinar el cálculo para solidificar el razonamiento.
Afinar la calculadora. "Desde la posición de Asturias", Álvarez "intentaría buscar un sistema de nivelación que tuviera en cuenta más factores de coste a la hora de prestar los servicios" y para ello "sería importante" llevar a la mesa negociadora un cálculo afinado, claro, de lo que cuesta dotar de equipamientos básicos esenciales a una población cada vez más vieja, menguada y desperdigada. El profesor de la Universidad de Oviedo plantearía "que se efectuara un estudio más en profundidad de los factores que inciden en el importe de esos servicios, sobre todo de los básicos: educación, sanidad, servicios sociales". El juicio del economista asturiano Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y especialista en los resortes del sistema financiero autonómico, va en una dirección similar. Parte de la convicción de que "la fórmula actual de población ajustada ya recoge los principales factores que afectan al coste de los servicios de competencia autonómica", pero no descarta "que se pueda mejorar" y añade que "si el Principado cree que habría que incluir algún indicador más, debería argumentarlo bien, con muchos datos, para poder convencer al Gobierno central y al resto de las comunidades".
Una posición "delicada". El caso es que el consenso generalizado ha dado en considerar "desigual" la fórmula de reparto actual y que crece la presión para la reforma que ejercen las regiones peor tratadas por el sistema. El modelo vigente, nacido en 2009, preveía su propia revisión en 2014, pero la percepción del Gobierno del absoluto desencuentro entre las demandas de las autonomías ha mantenido el asunto en suspenso hasta hoy. El principal indicio de lo espinoso de la cuestión está en que la reforma de 2009 empezó a negociarse en 2004. O en que ahora se añade la erosión de la crisis y la incertidumbre política para que finalmente, apunta Santiago Álvarez, sea "difícil pensar que se va a poder acometer este tema si no se forma un Gobierno con apoyos sólidos". Tampoco va a ser fácil, a su juicio, imaginar un sistema con aportación de fondos adicionales como los del pasado, o como el que ha reclamado Javier Fernández, y eso aboca a Asturias a argumentar con más fuerza la defensa de sus posiciones. En las reformas anteriores, recalca el profesor, "lo que se discutía era cuánto nos tocaba de los recursos adicionales. Va a ser difícil que eso se repita: los ingresos tributarios no han crecido y tampoco es previsible que los fondos añadidos para el sistema de financiación vayan a ser importantes". Sostiene Álvarez que el problema del Principado, que salió bien parado de las reformas de 2001 y 2009, se disgrega en dos peculiaridades: "Por un lado, perdemos población y con ella peso relativo en la variable fundamental del reparto. De otro, somos una de las regiones que menos crece en ingresos tributarios, lo que nos deja en una posición bastante delicada para negociar".
La "transición suave". En este contexto, Ángel de la Fuente ha articulado la teoría de la "transición suave" para las regiones que, como Asturias, han salido del reparto de fondos del Estado con porciones por habitante superiores a la media y llama a arbitrar una fórmula que amortigüe un impacto casi inevitable para las arcas públicas regionales. "El sistema actual genera un reparto excesivamente desigual", asegura. "Para corregirlo, las regiones mejor tratadas, como Asturias, deben aceptar que su financiación crecerá menos de la media hasta que las vayan alcanzando las que ahora están peor tratadas. Lo que sí pueden reclamar es que eso se haga de una forma gradual, de manera que nadie pierda en términos absolutos. A largo plazo, con un sistema más justo ganamos todos, entre otras razones porque será más estable y habrá menos follón".
¿Pacto político o acuerdo territorial?. De la Fuente piensa que esta asignatura pendiente ha de ser abordada "cuanto antes", pero también que "es mejor hacerlo bien que rápido". Respecto al procedimiento, Santiago Álvarez ve necesario algo que no existe, "un Gobierno fuerte y una base estable de negociación". Los dos especialistas difieren, eso sí, al llegar a la fórmula. Aboga De la Fuente por un pacto más político que territorial, más entre partidos que entre regiones. "No será fácil", apostilla a la vista del nuevo Congreso, "pero sigo pensando que es más sencillo poner de acuerdo a tres o cuatro partidos con implantación nacional que a 15 comunidades que tiran cada una de la manta para su esquina". En este punto ha diferido el presidente del Principado, consciente de que dentro de su propio partido hay sensibilidades divergentes, por no decir opuestas, en función de los intereses regionales y partidario de un diálogo en clave territorial. Sostiene que es una cuestión "política de Gobierno más que política de partido" y por eso ha reiterado su oferta de pacto global con la oposición para defender una postura común. Santiago Álvarez opina algo similar. Que "los intereses de las regiones no dependen del partido que las gobierne" y que "nosotros, por ejemplo, estamos más cerca de la problemática de Galicia, Castilla y León o Cantabria que de la de Andalucía o Valencia, aunque en éstas también gobierne el PSOE".
