El Principado y los ayuntamientos asturianos buscan a la desesperada una fórmula que permita mantener los planes locales de empleo sin que se conviertan en una pesadilla por las indemnizaciones que reclaman posteriormente quienes se benefician de ellos. Las posibilidades pasan por incluir varias cláusulas, como que es el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) el responsable de la modalidad contractual, y no los consistorios. También se plantea que en los contratos se especifiquen con el máximo detalle las funciones propias del puesto de trabajo e incluso hubo quien planteó que los trabajadores se comprometan a no demandar posteriormente para convertirse en funcionarios. El documento definitivo aún no se ha presentado.
Avilés ha sido el primer ayuntamiento en anunciar que renuncia a los planes locales de empleo, pero según coincidieron en señalas las fuentes consultadas, van a ser "muchos más" los que sigan el mismo camino. "No puede ser que un tercio del presupuesto haya que reservarlo para indemnizaciones, como ya le pasó a algún ayuntamiento. Ése no es el espíritu de los planes de empleo y es una ruina para el municipio que trata de dar oportunidades a los parados mayores y a los de larga duración", resumió ayer un exregidor municipal afectado por una sentencia judicial.
Las negociaciones entre el Sepepa y la Federación Asturiana de Concejos (FACC) como representante de los ayuntamientos se viene produciendo desde hace varias semanas. Según las fuentes consultadas, sobre la mesa se han desplegado varias propuestas, pero "el problema es que las modalidades contractuales que existen no dejan margen de maniobra", coincidieron en señalar.
Los planes locales de empleo nacieron en la década de los 90 y para ellos se utilizaba el contrato de inserción, que posteriormente fue eliminado. También existió un convenio con la Federación Asturiana de Concejos en el que se establecían las condiciones laborales y salariales, que se rescindió a raíz de varias sentencias judiciales que establecían que como cada ayuntamiento tenía su convenio los beneficiarios de dichos planes debían estar referenciados al que le correspondiera.
La legislación actual establece cuatro tipos de contrato temporal, pero el único en principio factible para los planes locales de empleo es el de obra o servicio determinado. Precisamente el que ha provocado decenas de demandas judiciales e indemnizaciones millonarias para los ayuntamientos asturianos. "El problema es que no hay un tipo de contrato que dé suficiente cobertura legal a los ayuntamientos para evitar que los beneficiarios demanden y se conviertan en funcionarios municipales o haya que indemnizarlos", resumió una de las fuentes consultadas.
La FACC y el Principado analizaron las propuestas de los representantes de los ayuntamientos asturianos, planteadas ya de cara a la última convocatoria aún vigente. Al parecer, la propuesta está "terminada o prácticamente terminada". De hecho, aún no ha habido presentación oficial a los consistorios, donde suponen que se les concretarán las condiciones cuando esté más próximas la siguiente convocatoria, que se supone cercana en el tiempo.
"No convence"
De todas formas, las fuentes consultadas coincidieron en señalar que "lo que se sabe hasta ahora no convence. No elimina el riesgo de que el beneficiario del contrato demande y gane, porque los ayuntamientos tienen muchas competencias y cualquier tarea puede ser considerada por un juez como propia de la responsabilidad municipal".
Los planes locales de empleo para 2016 benefician a 440 de los 707 desempleados de larga duración que estaba previsto contratar durante un año. Un total de 72 concejos decidieron ponerlos en marcha pese a sus dudas. Pero Mieres y Langreo, gobernados por IU, y Avilés, en manos del PSOE, renunciaron por las dudas jurídicas. Noreña tampoco se benefició porque presentó la solicitud de subvención fuera de plazo.
Las distintas fuentes consultadas coincidieron en señalar que si la propuesta que presenten el Principado y FACC no eliminan "totalmente" el riesgo de demandas y resoluciones judiciales, aumentará el número de ayuntamientos que se "descuelguen".
