El dueño de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, no sabía que estaba cometiendo ilegalidades, sino que fue víctima del sistema por su afán para dar facilidades atendiendo a las propuestas de la Administración para agilizar la gestión. El letrado de la defensa, Javier Díaz Dapena, aseveró que "puede ser un sistema de corruptelas, pero no delitos", porque según explicó "la administración tiene sus propias corruptelas para lograr más eficacia, que no puede ni quiere admitirlas", y en todo caso, no existe dolo.
En el caso concreto de Almacenes Pumarín, la empresa "no sabía que podía estar cometiendo ilegalidades" y por tanto, si no hay dolo no hay delito, afirmó Dapena. A lo largo de la presentación de su informe definitivo insistió en reclamar la absolución de su representado porque una vez finalizadas las pruebas no se ha demostrado que Alfonso Carlos Sánchez recibiera contraprestaciones de los tres principales acusados: Marta Renedo, María José Otero y José Luis Iglesias Rioedre.
