El interventor de Oviedo, José Luis González, se ratificó ayer ante la juez instructora del "caso Pokémon", la gijonesa Pilar de Lara, en su anterior declaración, en la que había asumido como propia la negociación de un aval con la empresa Aquagest pese a que no era de su competencia. Esto supone exculpar de cualquier responsabilidad al exalcalde de Oviedo Agustín Iglesias Caunedo.
González acudió ayer a declarar de nuevo al Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, acompañado del abogado Francisco Sánchez. Declaró esta vez en calidad de investigado (imputado en la anterior terminología legal), y solo confirmó a la juez que se ratificaba en su anterior declaración, que había realizado como testigo.
El objetivo de De Lara es saber el papel desempeñado por el interventor municipal de Oviedo en la decisión del gobierno local de devolver un aval de 400.000 euros a la empresa Tribugest, que pertenece al grupo Aquagest.
La Agencia Tributaria considera que puede existir relación entre esta decisión y los supuestos viajes pagados por Aquagest a Agustín Iglesias Caunedo, al exconcejal gijonés Manuel Pecharromán y a Joaquín Fernández, exvicesecretario de Comunicación del PP, empleado en Aquagest y considerado un presunto conseguidor de favores políticos de la trama. Los viajes coincidieron en el tiempo con la firma de la devolución del aval, en 2009, y según los investigadores parte de los desplazamientos y alojamientos fueron facturados a Aquagest. Caunedo y Pecharromán han sostenido que pagaron en mano a Fernández, versión corroborada por él.
El Observatorio Ciudadano Anticorrupción lamentó ayer que el interventor municipal no declarase ante la juez, "porque no tiene lógica que se atribuya competencias políticas que no le corresponden al negociar la devolución de unos avales. Pero no quiso colaborar con la Justicia".
Otra de las personas que declaro ayer en calidad de investigado fue el exaparejador del Ayuntamiento de Gozón, Francisco Artime, en relación a las obras de renovación y mejora de las infraestructuras de abastecimiento de agua y alcantarillado del concejo.
Artime compareció acompañado de su abogada, Irene Astariz, quien aseguró que su representado declaró "muy tranquilo", aunque no ocultó su sorpresa por ser investigado en esta causa.
"Francisco Artime no fue quien asumió la dirección técnica de la obra porque el contrato establecía la externalización de este servicio, por lo que él ni dirigió, ni hizo el seguimiento de la obra ni tiene conocimiento de si hubo o no sobrecostes", afirmó la letrada. Artime se limitó a certificar en 2014 que las obras se habían realizado y que estaban en servicio. Nada más.
La juez De Lara también se interesó por unas cuantías entregadas por Aquagest al Club Tenis Playa de Luanco, del que Artime es "única y exclusivamente secretario honorario y está al margen de la organización de estos campeonatos", afirmó Astariz. Según explicó el exaparejador gozoniego, Aquagest "pagó publicidad y ya se remitió toda la documentación al Juzgado y está contabilizada, igual que la del resto de anunciantes. Pero Artime tampoco participó en la búsqueda de publicidad, porque no es su cometido".
Hubo un tercer apartado del interrogatorio de la juez De Lara que se debió a una confusión, al confundir el Club Marítimo Luanco, del que Artime es presidente desde hace décadas, con el Club Marino de Luanco.
Según explicó la abogada Irene Astariz, la juez insistió en que Artime explicara la entrega de dinero por parte de Aquagest al Club Marítimo de Luanco, "que nunca recibió dinero ni donativo alguno de esa empresa", como sí ocurrió con el club de fútbol de la capital gozoniega.
Las declaraciones de ayer se completaron con los testimonios de dos testigos de la empresa Gesatec, que realizó las obras de abastecimiento de agua y alcantarillado en Gozón, que declararon que se había hecho la dirección y control de la obra y que cuando finalizaron se hicieron las verificaciones oportunas.
