La batalla judicial emprendida por Viastur para lograr que el Gobierno regional acceda a cambiar las condiciones de la adjudicación de la Autovía de la Industria y le permita reajustar su equilibrio financiero ha acabado en un sonoro fracaso. La Administración regional rechazó en marzo de 2012 una primera petición de la concesionaria, que decidió acudir entonces a la vía judicial. Sin embargo, su recurso contencioso-administrativo fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) el 17 de marzo de 2014, al igual que el recurso de casación planteado en 2015 ante el Supremo.
Una eventual quiebra de la AS-II podría tener graves consecuencias económicas para el Principado, que achaca la crisis de la concesionaria a los errores de cálculo que habría cometido al pujar por el contrato. La legislación establece una responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas sobre las autopistas, hasta el punto de que podrían tener que hacerse cargo de sus deudas.
