El Ministerio de Hacienda negó ayer que haya enviado a los ayuntamientos de Gijón y Mieres orden alguna de cerrar empresas municipales deficitarias. Fuentes ministeriales aseguraron que las cartas remitidas son para requerir información sobre la situación de las compañías y buscar soluciones que permitan que sigan activas. Pero lo cierto es que, en dichos escritos lo que consta textualmente es que los consistorios tienen 15 días para remitir "la información relativa a la extinción de la entidades dependientes (...)", lo que tenía que haberse producido a partir del 1 de diciembre de 2015. Las mismas fuentes ministeriales indicaron que el plazo para que las empresas fueran rentables o se liquidaran se había ampliado un año. Y añadieron que una opción para evitar el cierre es que los consistorios les inyecten capital.

El delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, envió ayer una carta al presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Ignacio García Palacios, en los mismos términos en los que se explicó el Ministerio de Hacienda. Pero añadía además que no se pretende "ningún enfrentamiento con la Administración Local", y destacaba que los ayuntamientos son los que "mejor se han comportado en el cumplimiento de los objetivos de déficit público", y que "valora extraordinariamente el esfuerzo realizado en esta materia".

Las sociedades deficitarias que según la carta de Hacienda ya deberían estar cerradas, son, en el caso de Mieres, la Empresa Municipal de Transportes -autobuses urbanos- (Emutsa), y en el de Gijón también la de transporte urbano (Emtusa), la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa) y Divertia, creada en 2014 a partir de la fusión de las sociedades del Teatro Jovellanos, el Jardín Botánico y la Sociedad Mixta de Turismo.

Fuentes del Ministerio de Hacienda explicaron que la actuación de control sobre las cuentas municipales está prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en la de Bases de Régimen Local. "La legislación establece que si una empresa pública municipal tiene pérdidas durante dos años consecutivos se extinguirán", indicaron.

El plazo para aplicar la ley finalizó en 2014, pero Hacienda decidió ampliarla hasta diciembre de 2015 ante las demandas de inconstitucionalidad de los ayuntamientos. Esa ampliación finalizó en diciembre pasado.

"Lo que se ha enviado a los ayuntamientos son requerimientos de información sobre el estado de esas empresas. Tienen un plazo de 15 días, en el que también pueden enviar sus alegaciones. Se analizará caso por caso y entre el Ministerio y los consistorios se buscará soluciones", explicaron desde Hacienda.

Esta explicación es la que figura en un escrito "colgado" en la web del Ministerio en el que dice que "velará, caso por caso, conforme a las alegaciones presentadas por los propios municipios, por la búsqueda de la solución más adecuada que permita conciliar los fundamentos legales con el uso adecuado de los recursos públicos". Este comunicado se publicó tras el envío "masivo" de cartas similares a las recibidas en Gijón y Mieres a múltiples ayuntamientos de la Comunidad Valenciana.