El grupo parlamentario popular echa de menos "ambición" en el anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno que el Ejecutivo autonómico viene de aprobar después de al menos tres años de largo recorrido. El PP querría más transparencia en algunos terrenos -más información económica y presupuestaria, más publicidad para las decisiones urbanísticas o medioambientales o para los procesos de nombramiento de altos cargos- y menos dosis de otros ingredientes que sí incluye el borrador de la norma. Menos "chiringuitos", precisó ayer la diputada popular Emma Ramos, focalizando la atención en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que la ley prevé instituir y en la Oficina de Lucha contra la Corrupción que crecería a su cargo. "Suena muy bien", admite la parlamentaria popular, "tiene un nombre muy atractivo, pero hemos de recordar que el Principado ya tiene una Inspección General de Servicios infrautilizada" que la Junta ha instado al Ejecutivo a "reforzar" y que en esas circunstancias "no tiene sentido alguno", avanza, la inflación del organigrama del sector público asturiano para crear "duplicidades" innecesarias.

"La austeridad brilla por su ausencia", denuncia la parlamentaria, "y así es difícil que haya recursos para subsanar las debilidades sociales que tiene la comunidad autónoma". Ramos pasa sin entrar por la controversia sobre la admisión de delaciones anónimas en el canal ético de denuncias. Podemos ha reclamado insistentemente la retirada de la exigencia de identificación del denunciante -para evitar la proliferación de "listas negras" dentro de la Administración, ha argumentado- y el Gobierno ha anunciado que admitirá sólo si lo pide una mayoría en la Junta. El PP espera antes de pronunciarse a conocer "los informes de las distintas secretarías generales técnicas para saber si están de acuerdo con ello".