El dato se basta solo para explicar por qué el Gobierno del Principado y el sector turístico acaban de confluir en la necesidad de una regulación normativa que acota el "mercado negro" del alquiler vacacional en el Principado. Asturias es la región del Norte con mayor impacto de las vacaciones en casas de otros, con en torno a un cinco por ciento de la cuota nacional de la demanda de un mercado en expansión en el que sólo figuran por delante de la región, acaso por el enorme peso del turismo rural, los gigantes turísticos de la costa atlántica y mediterránea. El barómetro del alquiler vacacional, confeccionado por la Universidad de Salamanca para la plataforma del sector HomeAway, sitúa por delante de Asturias en la clasificación de los destinos preferidos por los usuarios de esta modalidad de alojamiento únicamente a Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias, y por detrás a todas las competidoras del producto turístico que vende el Principado en la España Verde.
Es este mercado, ocho millones de viajeros en España en la suma de 2014 y 2015, el que trata de regular el decreto de la vivienda vacacional y de uso turístico aprobado el miércoles por el Gobierno del Principado. El requerimiento de ciertos requisitos básicos de operatividad para evitar el florecimiento del alojamiento "pirata" intenta dotar de "amparo legal" a una actividad que los grandes portales de Internet han revolucionado y que hasta ahora en Asturias no estaba regulada, que daba pie a no pocos supuestos de competencia desleal. Tanto ha crecido que estaba pidiendo normativa, porque de lo contrario abocaría al sector al "absurdo de que a los hoteleros les traería más a cuenta dejar sus hoteles y convertirlos en viviendas vacacionales", afirma con cierta sorna Fernando Corral, copresidente de la patronal turística Otea.
La dimensión del problema en Asturias toma cuerpo a la vista de que entre los diez destinos preferidos por los viajeros para este verano es la Costa Verde el único del Norte y el quinto de España en la relación por comunidades autónomas, según los datos recopilados por HomeAway. Se lleva el cinco por ciento de las peticiones totales de esta temporada estival y ahí hay razones de peso para acometer la regulación a la que otras comunidades autónomas se han lanzado con intensidad desde que en 2013 el Gobierno decidió dotar de un estatuto jurídico propio a los alquileres vacacionales, sacándolos del ámbito de competencias de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Ahora tendrán su propio estatus conforme a la nueva figura de la "vivienda de uso turístico", en el que al propietario se le exigirá el cumplimiento de unos requisitos básicos para quedar inscrito en un registro que le permitirá alquilar legalmente su casa.
El Principado quiso optar en la regulación por la vía menos restrictiva, por ejemplo sin la limitación de la estancia mínima a cinco días que le costó a Madrid la anulación del decreto en los tribunales por ser contrario a la libre competencia. Tampoco hizo suyas las limitaciones de otras regiones, particularmente las de mayor potencia hotelera, como la prohibición de Canarias de alquilar viviendas en las zonas turísticas, o la de Baleares, que sólo deja arrendar inmuebles unifamiliares, o la exigencia de Andalucía de permitir el arrendamiento de una casa por habitaciones sólo si el propietario reside en ella. El alquiler ilegal es un problema con diferentes grados y ha aflorado por su volumen con especial virulencia en Barcelona, donde el ayuntamiento que manda Ada Colau ha suspendido las licencias y ha decidido multar a propietarios y portales de Internet. "No se trata de limitar, sino de normalizar", opina Corral. De que quien alquile y se lucre tribute -el decreto no entra en los aspectos fiscales, pero sí exige que se facturen los alquileres-, o de que la vivienda tenga un seguro o unos equipamientos mínimos.
La guerra contra el alquiler "pirata" batalla por sacar estas casas de la alegalidad, por hacerlas aflorar y obligar a sus propietarios a tributar por sus ingresos y hacer frente a las webs que ponen en contacto a arrendadores con arrendatarios. A la estela de Barcelona, el Principado prevé multarlas si promocionan viviendas no admitidas en la normativa. Hay en su oferta cientos de casas en Asturias y son, abunda Corral, "un canal mal llamado de economía colaborativa, porque cobra una intermediación escondida tras una factura por publicidad".
