Dice la experiencia que controlar el alquiler vacacional ilegal no va a ser fácil. El Principado trata de estrechar el cerco sobre las viviendas privadas en arrendamiento "pirata" con un decreto que persigue bajo amenaza de multa a los propietarios que arrienden casas sin licencia y a las plataformas digitales que les ayuden a hacerlo. El caso es que donde ya han empezado está costando. El lugar donde ya existe una normativa similar en vigor, y donde llevan más tiempo intentando conseguir que se cumpla es Cataluña, y sobre todo el casco viejo de Barcelona por su particular virulencia y su potencial generador de conflicto. El Ayuntamiento ha suspendido las licencias nuevas, ha apercibido de cese a centenares de dueños y de multa a las webs que los difunden y éstas han anunciado recurso.
La dimensión que ha adquirido el negocio dificulta la orientación. No hay datos concretos y fiables, pero sí algún análisis minucioso, como el de la plataforma de datos "Insideairbnb", que ha buceado en los miles de casas que ofrece el portal Airbnb y ha concluido que el 78 por ciento de las viviendas que saca al mercado la web en la ciudad son ilegales, o no tienen a la vista el número de licencia preceptivo -el que también se exigirá en Asturias a partir de la entrada en vigor del decreto aprobado el miércoles-. De las 14.700 ofertas totales, unas 11.500 no cumplen el requisito de registro, y eso que la ley autonómica lo impone desde hace ya cuatro años.
En Asturias, donde la norma recién dada de paso también otorgará un número de registro que se obtiene presentando la misma cédula de habitabilidad y la declaración responsable que, entre otros requisitos, impone el decreto catalán, las principales plataformas ofrecen bastantes más de trescientas viviendas, "la mayor parte alegales" en opinión de Fernando Corral, copresidente de la patronal turística asturiana Otea. Barcelona ha querido multar con 30.000 euros y las webs concernidas, Airbnb y HomeAway, han anunciado recurso, la segunda aduciendo que responsabilizarles de infracciones cometidas por terceros viola el derecho comunitario.
El conflicto lleva un tiempo servido mientras el sector del alquiler vacacional de viviendas y apartamentos asiente ante la nueva legislación asturiana. El decreto que trata de poner orden en Asturias es, "si no el mejor, uno de los mejores" en la telaraña de normativa autonómica que la proliferación de las vacaciones en casas privadas ha ido sembrando por España. Pablo Zubicaray, presidente de Fevitur, la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos, observa "requisitos que tal vez yo no hubiera puesto", pero en general una norma necesaria que "se puede cumplir". Más allá de algún abuso de prolijidad en las exigencias, "creo que en general va a permitir el desarrollo de la actividad en Asturias. Celebro que se haya optado por hacer un decreto claro y cumplible".
El representante de los propietarios celebra que el texto legal "deje claro que lo que alquilamos son viviendas situadas en suelo residencial y no las confunda con los establecimientos turísticos". La norma, con su distinción entre viviendas vacacionales o de uso turístico, dedicadas permanentemente a las vacaciones las primeras, cedidas temporalmente las segundas, clarifica el negocio y las condiciones de prestación del servicio. Dice eso antes de entrar en las debilidades que también tiene el decreto, sobre todo cierto exceso de minuciosidad en la enumeración de los requisitos que han de cumplir las casas para disponer del número de registro que las habilite para entrar legalmente en el mercado.
Si desciende al detalle de las "cosas que nosotros no hubiéramos preferido que no estuvieran", encuentra la placa identificativa que será de obligatoria exhibición junto a la puerta principal de los alojamientos o la exposición de un número de teléfono para atender incidencias durante las 24 horas. Le dice la experiencia que "en algunos casos hemos asistido a un aumento de los robos en viviendas donde la gente identifica que hay turistas". También le parece un exceso que sea necesario detallar "todo lo que tiene que tener una cocina", o aportar un plano interior a escala 1/100 "cuando ya se ha presentado una cédula de habitabilidad". Pero "hablamos", aclara, "de males menores", de cierto exceso de trámite burocrático o de "detalles que tampoco imposibilitan la regularización de las viviendas".
El presidente de la asociación de Apartamentos Rurales Asturianos, Carlos Nava, que lleva años constatando la "competencia desleal" en el sector, celebra la institución de las obligaciones de "hacer declaraciones de ingresos, de darse alta en un registro del Principado" y de competir, "si no en igualdad de condiciones", ya sin "este desmadre en el que todo el mundo podía alquilar cualquier cosa". A la vista de los requisitos del decreto, su único reparo tiene que ver con alguna duda de "hasta qué punto esto puede degradar el nivel que el sector ha conseguido después de mucho esfuerzo". Espera que la regulación no suponga una apertura de puertas generalizadas a "alquilar cualquier piso cerrado después de darle un brochazo y poner cuatro camas" y aguarda a ver la evolución del sistema para valorar si conviene endurecer las condiciones para no afectar al servicio.
