La Consejería de Educación no solucionará el cruce de destinos que cometió por error en la adjudicación de plazas de orientadores. Los profesores afectados, unos 25, salieron ayer indignados de la reunión mantenida con representantes de la dirección general de Educación. "La respuesta que nos dieron es que no. Se escudan en que hay docentes de vacaciones y en que no todos los aprobados -unos 50- solicitaron una rectificación. Es una injusticia", lamenta Verónica Cándano, en representación del colectivo. "Yo por ejemplo, puse 20 destinos diferentes para que me concediesen uno de ellos y no me respetaron ni uno. Me mandan para un colegio que yo no pedí", se queja.

Los profesores en prácticas de Orientación Educativa llevan desde finales de junio esperando una solución a su problema. Pero parece que no la habrá. "Eso nos supondrá a la mayoría perjuicios económicos, ya que tenemos que trabajar lejos de nuestra casa, y dificultades para conciliar la vida familiar", denuncia Cándano. Los afectados tuvieron que hacer en su día las reclamaciones por escrito, debido al habitual colapso de la plataforma digital. "Nos dicen que aún volviendo a adjudicar las plazas no aseguran que lo harán bien, porque no saben si grabaron correctamente las peticiones que hicimos en papel", afirma. Después de estas declaraciones, los orientadores tienen una "esperanza muy pequeña" de que la situación cambie antes de su incorporación a las aulas el próximo día 1 de septiembre.

Hoy acaba el plazo para hacer reclamaciones en contra de los errores en las listas de interinos. Educación ha corregido su fallo con los 60 primeros opositores de la especialidad de Informática, con la celebración de una convocatoria específica después del 29 de agosto. Sin embargo, ha desatendido otras reclamaciones, como las referidas al profesorado con discapacidad. Precisamente el PP anunció ayer que su grupo parlamentario presentará una proposición no de ley en la Junta para que el Principado reserve entre un 7 y un 10% de las plazas a este colectivo, como solicita la asociación Maestros Capacitados. El diputado Matías Rodríguez tacha de "vergüenza" que la Administración incumpla una sentencia del Tribunal Superior de Justicia.