La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias ha salido al paso este miércoles de las declaraciones realizadas por el diputado del PP Luis Venta Cueli y portavoces de la plataforma Asturias Ganadera, que han pedido que se deje de acotar terrenos tras los incendios.

Desde el departamento dirigido por María Jesús Álvarez han acusado al PP de pedir que se obligue a los funcionarios a incumplir la ley. A través de una nota de prensa han subrayado que lo que hace la Consejería es cumplir con la normativa vigente, y que seguirá haciéndolo. "El cumplimiento de las normas no es una opción, sino una obligación exigible a todos, especialmente a los poderes públicos y sus servidores", han apuntado.

Desde la Consejería insisten en que no va a obligar a los funcionarios a que cometan un delito saltándose la ley vigente, algo "incompatible con un estado de derecho". "La Ley de Montes se seguirá aplicando en su redacción actual, del mismo modo que se aplicará escrupulosamente la que, en su caso, resulte la modificación que se está tramitando en la Junta General del Principado", argumentan.

Recuerdan además que el Parlamento asturaino ha admitido a trámite la iniciativa para modificar la norma, pero aún no ha sido debatida ni votada por los grupos parlamentarios en el pleno de la Cámara. "Resulta imposible, pues, por ilegal, intervenir desde cualquier mbito y, más si cabe, desde el de la representación política, dando instrucciones que no se ajustan a la ley", advierten.

Desarrollo Rural recuerda que los acotamientos al pastoreo en zonas incendiadas se producen como consecuencia de la aplicación de la vigente de Montes y Ordenación Forestal, que obliga al acotamiento de las superficies incendiadas por un periodo no inferior a un año para la recuperación de la vegetación afectada.

"El acotamiento, tal y como consta en la legislación vigente, sólo busca regenerar la vegetación de la zona quemada, con el fin de evitar la pérdida y el empobrecimiento del suelo, cuestión que a medio plazo resulta beneficiosa para todos los colectivos que viven y trabajan en el medio, incluidos los ganaderos, ya que es conveniente para que el pasto pueda regenerarse", han señalado.

Rechazan así la idea de que la medida tenga carácter punitivo. "Los acotamientos no son expedientes administrativos sancionadores de carácter general ni implican estigmatizar o culpabilizar a colectivo alguno", han insistido, recordando que la Consería estaría cometiendo un delito si no aplica la ley. "Si no se realizaran acotamientos, cualquier ciudadano o asociación podría llevar la actuación del Principado a la Fiscalía por la comisión de un delito", alegan.