José Ángel Fernández Villa deberá someterse a una segunda prueba neurológica para determinar si está en condiciones de prestar declaración en la causa abierta contra el exdirigente del SOMA por apropiación indebida de 460.000 euros del sindicato. La sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha desestimado el recurso presentado por la defensa de Villa, ante la decisión de la jueza que instruye el caso, Simonet Quelle Coto, de autorizar un nuevo examen médico como había pedido la acusación, la propia central sindical, que contó con el respaldo de la fiscalía. Además, será Villa quien deba correr con las costas del recurso. El auto especifica que la única intención del exlíder del SOMA con su apelación era una "finalidad meramente opositora" a la realización de la prueba.

La jueza Simonet Quelle Coto autorizó, el pasado 28 de abril, la realización de un segundo examen médico neurológico del acusado, al entender que existían contradicciones entre el primero realizado, que dudaba de su capacidad mental para prestar declaración, y las manifestaciones del notario ante el que Fernández Villa concedió un poder notarial a su abogada, en las que afirmó que había hablado con normalidad y con facultades adecuadas y suficientes para otorgarlo y firmarlo. Ante esta decisión de permitir un nuevo examen médico, la defensa presentó un recurso de apelación el pasado 23 de mayo, que ahora es desestimado por la Audiencia Provincial de Oviedo.

Con esta decisión, José Angel Fernández Villa deberá someterse a otro examen del neurólogo Alfredo Robles, tal como propuso el SOMA para buscar un informe de un especialista independiente y de fuera de la región. Robles esta adscrito a la Universidad de Santiago de Compostela y esta considerado como uno de los mayores especialistas en enfermedades neurológicas degenerativas.

La Audiencia Provincial de Oviedo también ha desestimado él recursos presentados por la defensa de Villa para que el SOMA entregará la relación de todas las personas del sindicato que tenían poder de imposición en sus cuentas.

El auto señala que para que existe un delito de apropiación indebida no es necesario disponer de firma o autorización en cuentas bancarias. El sindicato acusa a su líder de haberse apropiado de unos 460.000 euros entre gastos sin justificar o el pago de coches particulares.