La consejera de Infraestructuras, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Belén Fernández, desveló ayer que ha trasladado a la Fiscalía los contratos relacionados con la informática y sus aplicaciones suscritos en los ocho últimos años por la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias (Sogepsa). Según explicó la responsable autonómica en contestación a una pregunta urgente del parlamentario del PP José Agustín Cuervas Mons, son adjudicaciones por 900.000 euros que en su mayor parte se llevó la misma empresa mediante procedimientos de dudosa legalidad, "con una concatenación entre objeto y tiempos" que, a juicio de Fernández, "aconsejaba" acudir a la Fiscalía.

La Consejera ya puso meses atrás en manos del fiscal el contrato de 90.000 euros adjudicado a dedo a un alto funcionario del Principado para unos cursos de formación que no está claro ni que se llegaran a impartir. Este caso fue desvelado por LA NUEVA ESPAÑA el pasado 22 de marzo. El beneficiario fue José Manuel Cañal, que ostentó la Dirección General de Urbanismo del Principado entre 2013 y 2015, cuando Belén Fernández, que le ha expedientado, ya estaba al frente de la Consejería.

Tanto el contrato de formación como los de informática fueron adjudicados cuando José María Quirós Zarauza era gerente de Sogepsa, cargo del que fue cesado a instancias de Belén Fernández a mediados del pasado agosto.

El ya exgerente también se ha visto implicado en otra notable polémica, después de que Podemos denunciara que había incumplido la cláusula de exclusividad de su contrato como fundador y copropietario de la empresa audiovisual Clipbook.

Quirós tenía un contrato por el que percibía 87.407 euros anuales. Ha recibido una indemnización de 17.912 euros que ya ha recurrido.

En su comparecencia de ayer en la Junta, Belén Fernández aseguró que la intención inicial del Gobierno era salvar los reparos que pone Europa al funcionamiento de Sogepsa manteniendo su carácter mixto. Sin embargo, apuntó que, tras varias reuniones con los responsables comunitarios, "quedó claro" que la única forma de cumplir la normativa en materia de libre concurrencia es convertir a la entidad en 100% pública. Para ello, anunció que prevé hacerse con las acciones de los constructores (42%) a precios bajos o a coste cero. De no ser posible, advirtió de que acudirá a la expropiación, proceso que reconoció "complejo y largo".

Ovidio Zapico (IU) se mostró de acuerdo con el plan para hacer pública a Sogepsa y también con el recurso a la expropiación. Además, reclamó la reanudación de las obra del polígono de Bobes.

Cuervas-Mons criticó los "desmanes" en Sogepsa, se mostró escéptico sobre su viabilidad y negó que Europa obligue a hacerla pública.