Los delitos de prevaricación, una de las modalidades de la corrupción administrativa, aumentaron el año pasado en Asturias un 15 por ciento, según resaltó ayer la fiscal superior, Esther Fernández, en la apertura del año judicial, que tuvo lugar en el palacio de Valdecarzana, sede del Tribunal Superior de Asturias, un acto al que acudieron, entre otros, el presidente regional, Javier Fernández. La fiscal superior también llamó la atención sobre el incremento de los delitos contra el patrimonio, sobre todo las estafas (un 30 por ciento), así como las violaciones y agresiones sexuales (un 13 por ciento) y los delitos fiscales, casi un 60 por ciento. Fernández se mostró preocupada por la violencia de género: solo una de cada cuatro denuncias termina en juicio rápido, en la mayoría de los casos porque las víctimas deciden no declarar. Tanto la fiscal superior como el presidente del Tribunal Superior de Asturias (TSJA), Ignacio Vidau, reivindicaron la independencia de jueces y fiscales, y reclamaron al Principado más medios.
La fiscal superior fue la más crítica. Llamó la atención sobre la crisis de la justicia, y no dudó en hablar de "crisis del propio sistema y un cuestionamiento de los valores que lo inspiran", por lo que es "inaplazable regenerar la confianza del ciudadano". Fernández indicó que las tres grandes reformas de la ley de enjuiciamiento criminal, la de planta y demarcación y el Estatuto Orgánico del Ministerio Público se han quedado en "eso, en una ilusión", ya que, "de todo lo que se esperaba, tan solo se plasmó la norma de plazos procesales, carente de sentido y racionalidad". Y llamó a una reforma del ministerio fiscal que le garantice autonomía y elimine cualquier "vestigio de una posible dependencia del Ejecutivo". Este fortalecimiento "no puede ser si desde las propias instituciones se cuestiona su imparcialidad, introduciéndole en la contienda política".
Vidau prefirió mantener un perfil más bajo que en otras ocasiones, cuando llegó a plantear la posibilidad incluso de un colapso de la justicia en Asturias. Es cierto, indicó, que "se ha producido un ligero descenso en todas las jurisdicciones excepto en la civil, donde el incremento es notable, y en la contencioso administrativa". En la civil, ha habido un aumento del 9,9 por ciento en los Juzgados de primera instancia, y del 8,5 por ciento en las secciones civiles de la Audiencia. Pese al descenso de asuntos, Vidau remarcó que la tasa de litigiosidad, de 159,89 procedimientos por cada mil habitantes, aunque más baja que la media nacional, "sigue siendo bastante elevada y refleja la consolidación de una sociedad asturiana litigiosa".
El presidente del TSJA indicó que "varios órganos judiciales están rindiendo al máximo de sus posibilidades, y por tanto habrá que seguir solicitando al Gobierno regional un mayor empeño a la hora de proporcionar medios". Calificó de "ineludibles" la "masiva implantación de las tecnologías, la reforma de una obsoleta demarcación judicial, las nuevas formas de organización de la oficina judicial o el compromiso con la transparencia".
Ante Javier Fernández, Vidau dijo valorar "muy positivamente" la relación con el Gobierno del Principado, y admitió que "indudablemente se ha avanzado". No obstante, añadió que, aun comprendiendo "que los tiempos de incertidumbre política y económica que nos ha tocado vivir no permiten grandes inversiones, tenemos que seguir trasladando nuestra preocupación constante". Y es que, para el magistrado, "queda mucho por hacer".
"Nuestros jueces son independientes", afirmó Vidau, quien añadió que el compromiso de éstos con la justicia merece "el apoyo explícito y decidido del Poder ejecutivo", en forma de más medios y la revisión y adecuación constante de las infraestructuras.
Inversiones
En el acto no intervino el presidente regional, pero ayer mismo, en el Pleno de la Junta, a una pregunta de la diputada de Ciudadanos Diana Sánchez, el consejero de Justicia, Guillermo Martínez, informó de que el que ejecutivo ha invertido 1,3 millones este año en infraestructuras y mantenimiento de sedes judiciales. Más de medio millón ha ido destinada a la construcción de los nuevos Juzgados de Infiesto (Piloña), mientras que se está elaborando el proyecto técnico de la nueva sede de Valdés, y casi 400.000 se han destinado a obras en Oviedo, Langreo, Laviana, Cangas de Onís, Llanes, Grado y Gijón.
Además, otros 360.000 euros se han destinado a la modernización tecnológica y la implantación del expediente electrónico. Próximamente se suministrarán 300 monitores para dotar de doble pantalla al personal de las diferentes sedes judiciales. La diputada de Ciudadanos estimó que el plan de reforma de sedes judiciales "está a todas luces paralizado".
