La instrucción judicial sobre las obras de la troncal occidental de la empresa regional del cable entra en una fase decisiva. La Fiscalía se opone, por ahora, al sobreseimiento de las diligencias que ha sido solicitado por los dos exdirectores del Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones del Principado (GITPA), Juan Manuel Rodríguez Bañuelos y Eduardo González Bayod ante el Juzgado número 4 de Oviedo. La solicitud sobre la petición de sobreseimiento fue comentada ayer por la jefa de los servicios jurídicos del Principado en la comisión parlamentaria del GITPA, ante la que comparecieron también la interventora general de la administración autonómica, los síndicos Avelino Viejo y Antonio Arias y el exdirector general de Modernización, Alberto Pérez Cueto.

La Fiscalía se negó a la solicitud de sobreseimiento porque considera que la instrucción no se ha completado, sin perjuicio de la decisión que se pueda adoptar cuando llegue ese momento procesal. La responsable de los servicios jurídicos del Principado, Isabel González Cachero, rehusó entrar en detalles de cuál será la "estrategia" de la administración regional ante esta instrucción, tras declarar, a una pregunta formulada por el diputado popular José Agustín Cuervas-Mons que "no hablé jamás con el Bañuelos ni con el Bayod", en respuesta a si había tenido alguna reunión con los dos exdirectores generales del GITPA investigados a raíz de una denuncia presentada por la consejería de Industria. El origen de la denuncia del Principado estuvo en un informe de la jefa de servicio de Telecomunicaciones, según confirmó la jefa de los servicios jurídicos, de manera gráfica y elocuente en los siguientes términos: "la secretaria general técnica no pudo hacer otra cosa. A ver quien se queda con ese bombazo en la mesa", declaró González Cachero, quien dejó entrever que el Principado "posiblemente acuse de un delito" a los dos exdirectores del GITPA.

La jefa de los servicios jurídicos del Principado, en cambio, fue más escueta cuando el diputado de Foro, Pedro Leal, la preguntó si era normal que pasasen dos años desde que la consejería de Industria tuvo conocimiento de irregularidades con las obras de cableado del Occidente hasta que el Principado se personó en el proceso: "No es habitual, en absoluto", se limitó a declarar Isabel González. La responsable del departamento jurídico del Principado, que también trabajó durante una tiempo en la Sindicatura de Cuentas, lamentó el impacto que las comisiones de investigación parlamentarias tienen en los procesos judiciales. "No beneficia (...) Es más complejo lidiar con la Junta General que con la Audiencia y subrayó que "los tribunales valoran las pruebas que se aportan allí, no lo que ponga LA NUEVA ESPAÑA o lo que se diga en la comisión de investigación".

En la cuarta jornada de comparecencias también declaró ante la comisión de la Junta Belén Menéndez Bañuelos, interventora general del Principado y "prima" de uno de los investigados en el caso del cable, Juan Manuel Rodríguez, según reconoció la propia compareciente a una pregunta planteada por el diputado forista Pedro Leal. Belén Menéndez, que tomó posesión como interventora general del Principado en 2014, afirmó no tener "prácticamente ninguna relación" con su primo "desde hace años" y no recordaba haber certificado a la Fiscalía documentación relacionada con el caso: "no creo que tenga ningún tema de incompatibilidad", respondió a Cuervas-Mons.