"Puede que no fuera irregular" que la empresa pública GITPA, responsable de la extensión de la red de fibra óptica en Asturias, contratase para la asistencia técnica de la obra a una empresa para la que había trabajado el que fue su director general, Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, pero "elegante no es". A Gonzalo Pescador, que fue director general de Economía e Innovación del Principado y como tal exmiembro del consejo de administración y exvicepresidente del GITPA, también le parece que la adjudicación a esa compañía de 35 contratos, 32 directos por un valor global aproximado de 1,7 millones de euros, "no tiene buena pinta". "No me consta si la oferta fue la más ventajosa, pero no tiene buena pinta", remarcó.

El ex alto cargo del Principado fue uno de los antiguos rectores del Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones (GITPA) que ayer desfilaron por la comisión de investigación parlamentaria que rastrea en la Junta las posibles irregularidades en el tendido de la fibra óptica en Asturias. Pescador explicó que la sospecha de "la comisión de posibles delitos" en la contratación de la llamada "troncal del Occidente" indujo al Principado a trasladar el caso a la Fiscalía y a preguntas del diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons y de la de Podemos Lorena Gil añadió que no se depuró ninguna responsabilidad interna más una vez que el informe del Servicio de Telecomunicaciones que detectó los problemas fue puesto en manos de la Justicia. Según el relato de Pescador, el inventario que intentaba hacer el servicio se abortó cuando tropezó con lo que definió como "discrepancias insalvables hasta en lo personal" con los responsables de la empresa pública.

Los diputados de la comisión le recordaron los 1,2 millones de euros facturados en concepto de "otros", el exceso de kilómetros facturados y ejecutados o el largo rosario de presuntas irregularidades que han llevado al GITPA al Juzgado y a esta comisión de investigación. Pescador precisó que los hechos tuvieron lugar antes de que él comenzase a tener responsabilidades en el Principado, pero sí recordó las que en su tiempo detectaron algunas averiguaciones sobre el salario de Rodríguez Bañuelos o la contratación de una empresa que pertenecía a su hijo.

Por la sesión de ayer de la comisión de investigación sobre el GITPA desfiló también el asombro de Miguel Acero, ingeniero que coordinó proyectos en Asturias para Aggarós, la antigua empresa de Bañuelos a la que el GITPA contrató la asistencia de obra en la "troncal del Occidente". "Había informes semanales y seguimientos de obra. Éramos muy rigurosos con que todo quedara registrado y documentado", detalló. De ahí su sorpresa a la vista de que en la documentación remitida a la Fiscalía constan, por ejemplo, certificaciones de obras efectuadas antes de la adjudicación del contrato. "Jamás se inició un proyecto antes de ser adjudicado", se extrañó. "No habríamos sido tan locos de haber trabajado así". Ángel Luis Cabal, director general de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones del Principado, exculpó al consejo de administración de la empresa, "un órgano que no es ejecutivo" y coincidió con otros comparecientes en que el nombramiento de Bañuelos se hizo sin proceso de selección, porque esa era "la práctica habitual". También dijo haberse "enterado estos días" de que el exdirector general del GITPA trabajó en Aggarós antes que en la empresa pública de las telecomunicaciones después de precisar que lo más probable es que en esa contratación no haya "problema jurídico" alguno.