Intento desesperado de la defensa de José Ángel Fernández Villa para evitar que comparezca este viernes en los Juzgados para ser sometido a un examen neurológico por parte del perito Alfredo Robles Bayón, propuesto por el SOMA. La letrada Ana García Boto ha presentado un recurso en el que solicita que la prueba sea practicada en el domicilio del exsecretario del sindicato minero, debido a su precario estado de salud, que le impide desplazarse. Para justificarlo, señala que acaba de ser dado de alta, tras pasar una semana ingresado en el HUCA.

La defensa de Villa plantea en primer lugar una cuestión formal. El nuevo examen a Villa se acordó a través de una providencia, en la que además se denegaba a la letrada que estuviese presente en la prueba un neurólogo designado por ella, Bernardino Blázquez Menes. Boto estima que, al denegarse una prueba, el formato del escrito de la juez tendría que haber sido un auto. Además pide que se investigue quién filtró la fecha en la que Villa había sido convocado a los Juzgados para ser examinado por el doctor Robles, al considerar que se vulneró el derecho de defensa y la intimidad del investigado.

Para la letrada, el estado de salud de Villa aconseja que la prueba sea realizada en su propia casa, debido a que no puede desplazarse por sus propios medios y tiene que ser ayudado por su esposa, que tiene también dificultades de movilidad. Pide además que la hora de la prueba no sea por la mañana -está convocado a las once-, y que, en caso de que se mantenga la realización del examen en los Juzgados, Villa sea conducido en ambulancia y por personal sanitario.

Además insiste en el derecho de esa parte a estar presente durante el examen que practique el doctor Robles Bayón. Considera imprescindible que también acuda el neurólogo Blázquez Menes, con el fin de ver lo que se hace y motivar su opinión. Considera que la denegación de que esté presente vulnera el derecho de defensa. Por otro lado, considera que la prueba neurológica planteada es demasiado amplia y que tiene que concretarse, además de informar al paciente para que dé su consentimiento informado. Y pide anular el acta de aceptación del cargo de perito por parte del Alfredo Robles, ya que el pasado día 21 no pudo plantearle preguntas con el fin de establecer si se daban las causas de recusación previstas por la ley.