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Los expertos desvinculan los paraísos fiscales del uso de la amnistía de Hacienda

"Villa no cometió delito al regularizar su dinero, lo que se investiga es si lo cometió para conseguirlo; como él hay más", matizan los abogados

Miguel Abel Souto, Nielson Sánchez-Stewart y Javier Fernández Teruelo, ayer. MIKI LÓPEZ

La amnistía fiscal no tiene nada que ver con los paraísos fiscales ni el blanqueo de dinero, y quienes eluden al Fisco para no pagar impuestos saben perfectamente lo que hacen, aunque digan desconocerlo y acusen a sus abogados de maniobrar a sus espaldas. Éstas son algunas de las lecciones que ayer impartieron a letrados del Colegio de Abogados de Asturias y estudiantes de la Universidad de Oviedo tres expertos en estos asuntos económicos. Según explicaron, aprovechar la amnistía fiscal no es un delito, lo que se investiga es el origen del dinero no declarado. Es lo que le ocurre al exlíder minero José Ángel Fernández Villa.

El Colegio de Abogados de Oviedo celebró ayer una jornada sobre la prevención y represión del blanqueo de dinero. Uno de los ponentes fue Nielson Sánchez-Stewart, doctor en Derecho, consejero del Consejo General de la Abogacía Española y miembro de su comisión de Recursos y Deontología, y uno de los expertos más importantes de España en estos asuntos. En el mismo acto participó también Miguel Abel Souto, Catedrático acreditado de derecho penal y director tanto del Departamento de Derecho Público Especial y de la empresa de la Universidad de Santiago de Compostela como de la Revista Cuatrimestral Europea sobre Prevención y Represión del Blanqueo de dinero, fundada en Roma. El tercer ponente fue Javier Fernández Teruelo, catedrático acreditado de Derecho penal en la Universidad de Oviedo, Magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Asturias, director del Título Propio en Criminología. Autor de 7 monografías y 65 artículos doctrinales, en su gran mayoría relativos al Derecho Penal económico.

"La amnistía fiscal es distinta al blanqueo de dinero. Soluciona el delito contra la Hacienda pública, pero no si hay otro subyacente", explicó Sánchez-Stewart. "El problema es que el Gobierno lo ha vendido tan mal que pareció algo hecho para cubrir, tapar, determinadas situaciones y aumentar de manera extraordinaria la recaudación", añadió.

En opinión de estos expertos, el Gobierno "tenía que haber dicho que se tenía que cumplir el real decreto que establecía el abono del 10% y que fuera real, pero acabaron pagando menos porque hubo alteraciones y la Agencia Tributaria dio otras órdenes".

Un ejemplo de alguien que aprovecha la amnistía fiscal y luego se ve investigado a raíz de ello es el del exsindicalista y exlíder del SOMA, José Ángel Fernández Villa. "Lo que se investiga es el origen de ese dinero, de ese 1,2 millones que regularizó. Lo que se quiere saber es si lo consiguió de manera legal o no y si hubo delito", explicó Fernández de Teruelo. No es el único caso. Como el de Villa hay más en España que surgieron de la misma manera.

Una de las cuestiones más polémicas es la que tiene que ver con los paraísos fiscales. Nielson Sánchez-Stewart aseguró que "tampoco son tan espantosos", pero se han "demonizado". "Existen con una base, y es que hay personas que por distintos motivos no pueden o no quieren utilizar su nombre para registrar propiedades o dinero". Y puso el ejemplo de un rey -cuyo nombre no dio- que "no podía comprar a su nombre y hubo que buscar otras fórmulas. Eso es legítimo".

Fernández de Teruelo admitió que "aunque es legal, en el contexto actual es difícil de comprender que una familia que vive de su salario y pasa apuros no puede comprender que a partir de determinada cuota se puedan buscar múltiples fórmulas para no pagar al Fisco o pagar menos".

El problema es, precisamente, los que no pagan a Hacienda. "Hay que pagar impuestos, por supuesto que sí", coinciden en señalar los tres letrados. Entra en juego entonces el Código deontológico de los profesionales. "El que viene a buscar asesoramiento ya se ha informado antes. Si el cliente le dice al abogado que quiere pagar menos impuestos de forma legal, se le asesora de las fórmulas que existen. Pero si el letrado sospecha que el origen del dinero es ilegal o se quiere hacer una operación ilegal, está obligado a comunicarlo al SEPBLAC, que es la comisión de prevención de blanqueo de capitales e infracciones monetarias", remató Nielson Sánchez-Stewart.

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