El Gobierno regional analizará "la validez" de los anónimos que ponen el descubierto supuestas irregularidades en la empresa pública de telecomunicaciones del Principado, el GITPA, según declaró ayer el consejero de Empleo e Industria , Francisco Blanco, en su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga las obras de cableado en el occidente de Asturias. En la sesión de ayer, que se prolongó casi nueve horas, también declararon, entre otros, los exconsejeros, Ana Rosa Migoya y Graciano Torre, y el hijo del primer director gerente de la empresa del cable. Guillermo Rodríguez.
Los anónimos que la comisión de investigación parlamentaria ha decidido remitir a la Fiscalía, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA en la edición del pasado martes, acapararon buena parte de las preguntas realizadas por los portavoces parlamentarios al titular de Industria en su comparecencia. "Desconozco la autenticidad de los correos. No tenemos ninguna constancia de su veracidad", respondió Francisco Blanco a preguntas formuladas por el diputado José Agustín Cuervas-Mons (PP).
"Habrá que estudiar qué validez merecen", comentó a otra cuestión similar del forista Pedro Leal. "Veremos las implicaciones que pueda haber si son ciertos. No tenemos interés en ocultar nada por parte del Principado", concluyó el consejero de Industria que declaró, a otra pregunta formulada por el diputado socialista Jesús Gutiérrez, que hasta ahora no ha recibido notificación de la Fiscalía pidiéndole información o aclaración sobre dichos correos. Su predecesor, Graciano Torre, hizo hincapié en que la denuncia sobre las obras de la troncal del Occidente partió de su departamento, en diciembre de 2014, tras un informe elaborado por el servicio de Telecomunicaciones que "advertía de posibles indicios de un ilícito".
El exconsejero de Industria negó que hubiese interés en ocultar el contenido del informe de los funcionarios, tesis mantenida ayer en la comparecencia por el parlamentario popular Cuervas-Mons, quien manifestó su extrañeza de que el Principado no investigase en ese momento sobre el alcance de las supuestas irregularidades en dicha obra. Luego, en respuesta a una pregunta hecha por Lorena Gil (Podemos) sobre la existencia de certificaciones "proforma", Graciano Torre reconoció que "no tiene sentido que haya dos modelos de certificaciones, unas en blanco y otras firmadas" porque "para poder pagarlas se comprobó que estaban correctas".
La intensa jornada de comparecencias supuso el retorno a la Junta General de la exportavoz del Gobierno y exconsejera Ana Rosa Migoya, que defendió las obras de cableado que "llevaron el desarrollo de las telecomunicaciones a la zona rural de Asturias, donde no llegaban los operadores privados".
"Casos distintos"
La exconsejera rechazó que el caso del cable ejemplifique junto al de Marea la falta de controles en la administración regional durante el gobierno de Vicente Álvarez Areces. "Son cosas distintas, en Marea ocurrieron irregularidades en un servicio concreto con una funcionaria, se detecta y yo actúo cesando, expulsando de la función pública y llevando la denuncia a la Fiscalía y la Policía pero de la empresa del cable jamás tuvimos indicio de nada incorrecto". Guillermo Rodríguez, hijo del exdirector gerente Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, se negó a contestar preguntas pero defendió la labor de su padre. Calificó de "disparate" que se diga que su empresa contrató 900.000 euros con la sociedad pública del cable que dirigía su padre. y exigió disculpas a los grupos políticos por lo que consideró "una campaña de desprestigio" sobre "la inexistente trama del GITPA". Los portavoces le respondieron que el archivo judicial no significa que "la adjudicación de contratos menores" por parte de su padre fuera "ética".
