La dirección de la Sociedad de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias (Sogepsa) comunicó ayer a la plantilla, compuesta por 23 empleados, el inicio de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que irá acompañado de una reducción generalizada de los sueldos, que será mayor en los más altos. Según fuentes de la Consejería de Ordenación del Territorio, cuya titular, Belén Fernández, es presidenta de Sogepsa, el objetivo es que el proceso que ahora comienza se solvente con negociación y sin despidos definitivos. Además de estas medidas que afectan al personal, y que han sido aprobadas por unanimidad en su consejo de administración, la sociedad también aplicará otras medidas para recortar gastos.

Sogepsa está participada mayoritariamente por el Principado, que detenta el 45% del capital, mientras que el 13% está en manos de ayuntamientos y el 42% restante se reparte entre firmas asturianas del sector, como Constructora Los Álamos, Coprosa y Ceyd. La entidad, que acaba de salvar un preconcurso de acreedores, sigue en una delicadísima situación económica, con una deuda que ronda los 150 millones de euros, avalada con algo más de 98 millones por parte del Principado. Además, afronta en estos momentos el reto de adaptarse a las exigencias comunitarias en materia de libre concurrencia empresarial.

El Gobierno regional ha decidido que, para ello, debe convertir a Sogepsa en una sociedad enteramente pública. No lo tendrá fácil. PP y Foro no están por la labor de apoyar tal iniciativa, que conlleva un cambio de la normativa urbanística regional, y Podemos tampoco se entusiasma con la idea. Solo IU aboga claramente por la continuidad de la entidad, que quedará extinguida en el caso de que no se quede sin accionariado privado en un año.

El expediente de empleo llega en un momento en el que la Fiscalía ha decidido denunciar cuatro contratos de formación y servicios informáticos de Sogepsa, tras apreciar indicios de prevaricación, malversación y fraude en unos procedimientos de adjudicación "a dedo", en los que se habrían vulnerado los principios de publicidad y concurrencia. Las encomiendas bajo sospecha suman 214.000 euros

Una de ellas fue la concesión "directa" a José Manuel Cañal, alto funcionario del Principado, de un contrato de 90.000 euros para cursos que la Fiscalía no ha conseguido comprobar que se dieran. También han sido enviadas al Juzgado dos encomiendas de 60.000 euros a Accenture, una para aplicaciones informáticas y la otra para el sistema electrónico integrado de gestión de datos de la sociedad, así como un cuarto contrato con ese mismo objeto.