Las denuncias previas por maltrato contra hombres que acaban matando a sus parejas o exparejas se reducen al 15,7% del total de los feminicidios que se producen en España. En otro 15% sí existía esa denuncia, pero el sistema no logró evitar el crimen. Éstas son algunas de las conclusiones a las que ha llegado una investigación liderada por la Universidad de Oviedo y elaborada por el profesor Javier Fenández Teruelo, catedrático acreditado de Derecho Penal.

El estudio, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, revela que en la última decada las denuncias por violencia machista se multiplicaron por 10, y pasaron de 13.000 a 130.000. Sin embargo, este incremento no ha ido acompañado de una disminución en el número de asesinatos, que permanece en una banda de entre 60 y 70 al año.

"En los supuestos más graves, las medidas penales y procesales previstas, básicamente el alejamiento y el control del agresor, revisten escasa utilidad", afirmó Fernández Teruelo.

El profesor indicó que la amenaza penal como instrumento de prevención frente a la violencia de género no da resultado. Un dato revelador es que casi un tercio de los maltratadores se suicidan o lo intenten tras asesinar a sus parejas. Además, el resto, casi un 90%, se entregan a la policía tras matar a sus mujeres, lo que conlleva además una atenuante por confesión.

"En los supuestos más graves, las medidas penales y procesales previstas, básicamente el alejamiento y el control del agresor, revisten escasa utilidad", afirma este docente. "Nos encontramos ante un sujeto que se comporta de forma distinta al resto de los maltratadores. Su conducta no está condicionada en absoluto por la pena que se le vaya a imponer", añade.

Fernández Teruelo propone cuatro modificaciones que considera claves para reducir el número de muertes. Una es que no sea necesario que exista denuncia previa para que la mujer reciba protección. Además, se debe de cambiar el sistema actual para detectar el riesgo real de que el maltratador pueda cometer el crimen, atendiendo a su perfil. También se debe introducir campañas informativas que ayuden a las mujeres a gestionar el riesgo que corren en los procesos de separación, y por útlimo, auditar los fallos del sistema en cada feminicidio.