El juzgado de primera instancia número 5 de Oviedo ha dado luz verde al embargo de 28 millones al empresario leonés Victorino Alonso. La medida había sido solicitada por Hunosa, que pidió la ejecución provisional de la sentencia del caso del "carbón desaparecido", un fallo por el que se condenaba a Unión Minera del Norte (Uminsa) -propiedad de Alonso- a abonar 28.095.062 euros a la hullera pública. Hunosa podrá ahora retener las ayudas a la producción y pagos de eléctricas en favor de Uminsa pendientes de cobro, hasta cubrir la cuantía adeudada. Uminsa anunció que impugnará la medida.

El fallo judicial previo había condenado a dos compañías de Alonso, Uminsa y Coto Minero Cantábrico (ahora en proceso de liquidación), a pagar a Hunosa 28 y 18,6 millones, respectivamente, por la desaparición de mineral del Almacén Estratégico Temporal de Carbón (AETC), una medida que el Gobierno de Zapatero puso en marcha en 2009. Hunosa compraba el carbón que las empresas privadas no podían vender a las térmicas y que fue custodiado provisionalmente por las propias minas privadas. La hullera encargó un informe pericial en 2013 que detectó un desfase de casi 578.000 toneladas. Posteriormente, un segundo informe avaló la tesis de las empresas del grupo Alonso al determinar con el recuento de nuevos apilamientos que no faltaba carbón. Sí se estableció que este segundo mineral no era el depositado en su momento por Hunosa, que tenía unas "características concretas".

Ahora, la ejecución provisional admitida a trámite por el juez abre la puerta a la retención de subvenciones y pagos pendientes a Uminsa por parte de Hunosa para cobrar los 28 millones adeudados. Los responsables de la compañía de Alonso esgrimen, no obstante, que "la ejecución planteada no es viable", al estar Uminsa inmersa en un proceso concursal y existir un acuerdo de los acreedores para la liquidación de los créditos pendientes. También anunciaron que "la firma presentará de inmediato ante el juzgado un escrito de impugnación de la ejecución planteada por Hunosa" y enviaron "un mensaje de tranquilidad para sus trabajadores, proveedores y clientes, que pueden estar seguros de que esto no afectará a sus compromisos". Este no es el único litigio en el que está inmerso Alonso, que fue condenado recientemente a dos años y medio de prisión y al pago de 25,5 millones por destruir una cueva neolítica en Aragón.

Hunosa manifestó ayer desconocer la decisión judicial. Su presidenta, María Teresa Mallada, se encuentra en Londres, en una feria de nuevas energías.