La tirantez entre Podemos y el Gobierno socialista que se palpa en cada pleno no es el mejor compañero de viaje para que la negociación presupuestaria llegue a buen puerto. El mal rollo quedó patente ayer cuando el secretario general de Podemos, Daniel Ripa, pidió cuentas al Ejecutivo de las decisiones adoptadas cuando Liberbank comercializó la deuda subordinada entre sus clientes. "En Asturias 10.000 personas fueron estafadas ante el silencio cómplice de buena parte de la clase política", criticó Ripa, quien recordó que en el consejo de la entidad bancaria estaban Santiago Martínez Argüelles (PSOE) y Agustín Iglesias Caunedo (PP), "con sueldos superiores a 80.000 euros".
"El Gobierno nunca nombró consejeros en Cajastur ni ha tenido competencias en política bancaria", respondió Dolores Carcedo, la consejera de Hacienda que debe explorar las posibilidades de acuerdo con Podemos, formación a la que pidió que "mire al futuro para conseguir cosas para la gente a la que dice representar".
