La Plataforma de Afectados del ERA presentó el pasado día 16 por registro electrónico una solicitud a dicho organismo en el que reclaman la nulidad de todos los contratos, incluso los anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, al considerar que contienen cláusulas y condiciones que provocan indefensión y falta de información para los usuarios.

Ángel Rodríguez, presidente de la Plataforma explicó que la decisión de presentar dicha solicitud responde al "cumplimiento de lo aprobado por unanimidad de todos los socios en la asamblea celebrada el pasado 5 de noviembre en Gijón".

Los afectados por las deudas generadas con las residencias para mayores del Principado pretenden con la solicitud registrada en el ERA "un reconocimiento de la nulidad de las cláusulas o condiciones contractuales suscritos por los usuarios con el ERA". En ellos, "básicamente se fija que se genera una deuda del usuario por no abonar la totalidad del precio público que para dicho servicio establezca el Principado".

Los asociados a la Plataforma entienden que esas cláusulas "inducen a error a los usuarios y existe falta de información, ya que en ningún contrato se especifica el coste total del servicio, ni el precio público a abonar, ni se practicaron liquidaciones provisionales, ni se exigió ningún tipo de garantía de pago o se emitió factura o justificación alguna de los cobros que el ERA realizaba a los usuarios".

Es ante esa falta de información por la que "se insta a que se reconozca la nulidad de determinadas cláusulas contractuales que determinen que los usuarios han de abonar la cantidad suplementaria al 75% de la pensión que recibiesen" los residentes en las residencias de mayores públicas y concertadas.

Ángel Rodríguez indicó que esta solicitud de nulidad se hace extensiva "a todos los contratos, incluso los de hospedaje previos a la Ley de Dependencia". También indicó que en el caso de que el Principado haga caso omiso de la petición de los afectados por las deudas del ERA, "estamos dispuestos a estudiar el inicio de acciones legales".

La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela volvió a comprometerse el pasado día 14 a revisar los expedientes desde el año 2007, cuando entró en vigor la Ley de Dependencia, y devolver dinero en aquellos casos en los que se certifique que se ha liquidado de más a los herederos. La Plataforma de Afectados ya había anunciado ese mismo día que las medidas del Principado son "insuficientes".