Cuatro de los seis principales ayuntamientos de la región se han apeado ya de la próxima convocatoria de los planes locales de empleo. La amenaza de las denuncias, de las sentencias y de las indemnizaciones a los beneficiarios, que en conjunto ha generado un quebranto próximo a los diez millones de euros para las arcas municipales, ha hecho desistir de participar a Avilés y Siero, gobernados por el PSOE, y a Langreo y Mieres, de IU. De los grandes, en esta campaña notablemente disminuida sólo siguen adelante Gijón, que tras introducir mejoras por su cuenta en la articulación de los planes dará una "última oportunidad" a la línea de ayudas del Principado, y Oviedo, que espera por los informes jurídicos para lanzar los dos proyectos que ha concebido.
Los que renuncian, y algunos de los que siguen dentro, entienden que no hay seguridad jurídica en las reformas propuestas por el Principado, de acuerdo con la federación de concejos, la patronal y los sindicatos, para evitar las denuncias de los trabajadores que han reclamado y conseguido masivamente resoluciones de incorporación a la plantilla municipal o indemnización subsidiaria. En ausencia de un tipo de contrato que se ajuste específicamente a las necesidades de estas ayudas al empleo, que no existe desde que el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero eliminó el "de inserción laboral", la solución propuesta mantiene el de obra y servicio, pero hace que la convocatoria deje de ser exclusivamente laboral para compatibilizar el trabajo en los ayuntamientos con la formación para el empleo. Así, los adjudicatarios prestarán servicios para los municipios durante un año, pero entre el séptimo y el duodécimo mes recibirán además adiestramiento a cargo del Servicio Público de Empleo y a continuación un seguimiento formativo indefinido y personalizado.
Las novedades no convencen a los ayuntamientos, que blanden informes de sus servicios jurídicos para denunciar la prolongación de la "inseguridad" y anunciar su renuncia incluso cuatro meses antes de que llegue el plazo límite puesto por el Principado para suscribir los contratos. A Avilés, Langreo y Siero, que ya habían anunciado que se bajan, se une Mieres con la certeza de que las bases reguladoras "no se ajustan al marco jurídico" y que no lo harán "hasta que no se modifique el formato de contratación, por obra y servicio". El edil de Empleo, Juan Ponte, defiende que el concepto de la línea de ayudas -que moviliza el año que viene casi los mismos diez millones que los ayuntamientos han debido pagar en indemnizaciones- "debe cambiar radicalmente". Ellos renuncian por motivos jurídicos e ideológicos a una línea de ayudas que además "genera minijobs" y lamentan la negativa del Principado a su propuesta de hacerse responsable subsidiario de los problemas que pudiese originar la convocatoria.
"El problema de fondo es el tipo de contrato que se emplea, el de obra y servicio", aduce el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, "Cepi", que añade que para una contratación de este tipo -sujeta a una actuación concreta- tampoco ayuda jurídicamente que "se pida un mínimo de doce meses" de compromiso.
El problema complejo de los planes de empleo también encuentra a Gijón dispuesto a participar. Ojo avizor y por última vez. Pelayo Barcia, director general de Empleo, Mercados y Consumo del gobierno de Foro, afirma que "hemos hecho cambios sustanciales" para definir de forma muy exhaustiva las obras o los servicios que deben prestar los adjudicatarios y evitar así que puedan reclamar su asimilación al personal municipal. Si aun así persisten las derrotas judiciales, afirma, "se acabaron los planes de empleo tal y como están planteados". Barcia se suma, no obstante, a la crítica contra las nuevas bases del programa, toda vez que "la orientación ya la estamos prestando desde el Ayuntamiento y la Justicia no ha entendido que contratamos con un fin social".
Oviedo también se suma con cautela, a la espera del resultado de los informes jurídicos específicos que han solicitado sobre cada uno de los dos proyectos propuestos. "De entrada", afirma el concejal de Empleo del tripartito ovetense, Iván Álvarez (IU), "no vamos a renunciar a no ser que esos documentos sean desfavorables".
