El Consejo de Gobierno del Principado ha resuelto en su reunión de esta mañana volver a reclamar en los tribunales el cumplimiento de los compromisos de los convenios de los fondos mineros que han sido desatendidos por el Ejecutivo central. El Principado presentará varios recursos contencioso-administrativos para tratar de forzar al Ministerio de Industria a abonar 21,5 millones de euros correspondientes a veinte actuaciones ya ejecutadas por la Administración autonómica y que el Estado ha desestimado sufragar.
El impago de los convenios, que afectan entre otros equipamientos al Museo de la Lechería de Morcín, el Ecomuseo del Valle de Samuño y polígonos industriales u obras de saneamiento a lo largo de los municipios mineros, fue reconocido en una sentencia parcialmente favorable al Principado del juzgado central de lo contencioso-administrativo número 4 de Madrid, fechada el 28 de octubre de 2013, pero el Ministerio, según la interpretación del consejero de Empleo, Francisco Blanco, "no cumplió sus obligaciones económicas". El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) desestimó los recursos de reposición interpuestos entonces por la Administración autonómica asturiana una vez que la Audiencia Nacional había rechazado en abril de 2014 la apelación del Ministerio, razón por la cual se interponen ahora estos recursos "contra la inactividad del Gobierno central".
Según el relato de Blanco, "en febrero y mayo de este año" el Ministerio "emitió sendas resoluciones en las que determina la pérdida del derecho al cobro de las subvenciones destinadas al Principado para veinte actuaciones" de las 57 que habían sido objeto de la sentencia de 2013. Las alegaciones planteadas entonces por el Ejecutivo autonómico fueron desestimadas por silencio administrativo y es eso lo que origina ahora la presentación de estos recursos.
Las veinte actuaciones que los justifican forman parte de las que son objeto de los convenios de fondos mineros y que no han sido atendidas, cuyo montante global calcula el Principado en 195 millones de euros contando únicamente las inversiones ya realizadas por la Administración autonómica. El Consejero añade otra cifra correspondiente a intervenciones no ejecutadas que se sitúa entre los sesenta y setenta millones.
Éste es el tercer procedimiento abierto por el Principado para tratar de forzar al pago al Ministerio de Industria, según ha detallado Blanco esta mañana. La Administración autonómica ha interpuesto, por un lado, un recurso ante el juzgado central de lo contencioso-administrativo número 11 de Madrid por tres convenios de 2012 por importe de 53 millones -en este caso la Audiencia Nacional rechazó en febrero de este año los argumentos del Principado- y, por otro, uno pendiente de resolución en la Audiencia Nacional relativo a tres convenios de 68 millones.
El Consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, ha puesto esta mañana estas acciones como ejemplo de que "la defensa de la minería y de las comarcas mineras es una cuestión prioritaria" para el Principado y mostró su esperanza en que el "el Gobierno rectifique su actitud tanto respecto a la minería como a los compromisos con los fondos mineros". Martínez garantizó de parte del Ejecutivo asturiano una posición "de colaboración con plena lealtad institucional", pero adelantó que recurrirán a los tribunales "tantas veces como sea necesario, porque se trata de una cuestión irrenunciable y de justicia".
