El Gobierno regional asturiano buscará el acuerdo en el Parlamento asturiano para defender una mejora de la financiación autonómica en las negociaciones que se abrirán en la Conferencia de Presidentes que Mariano Rajoy convocó ayer para el próximo 17 de enero en el Senado. Pero el Principado también buscará aliarse con otras comunidades autónomas ante el "frente mediterráneo" que han conformado Cataluña, Valencia y Baleares. Se prevé que las negociaciones serán "largas y duras" con un objetivo fundamental: aportar recursos a las comunidades autónomas en función de sus necesidades, atendiendo a los principios de igualdad y equidad, y garantizando que los ciudadanos reciban las mismas prestaciones públicas independientemente de su lugar de residencia.
La negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica es uno de los asuntos cruciales de la nueva legislatura. Aproximadamente tres cuartas partes del Presupuesto regional provienen de la financiación que el Gobierno central inyectará a las arcas públicas regionales, lo que indica el grado de afectación que supone para las cuentas durante varios años.
Asturias suscribió el pasado mes de octubre la "Declaración de Cuenca", en la que junto con otras siete comunidades autónomas -Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja y Castilla- La Mancha", se reclama al Gobierno central que considere la demografía como un aspecto prioritario en la financiación autonómica. Los firmantes proponen crear un fondo específico de carácter nacional, que podría denominarse Fondo de Cohesión Territorial, con el que se compensarían las desventajas de las zonas con menor densidad de población. El Principado, al igual que los gobiernos de las otras siete comunidades, entienden que en la nueva financiación autonómica se debe valorar, entre otros criterios, el coste del envejecimiento para la prestación de los servicios públicos, ponderando la población mayor de 65, de 80 y de 85 años.
Pero igual que estas comunidades ya están moviendo ficha, a la espera de los criterios que se fijen en la próxima Conferencia de Presidentes, otros también están empezando a posicionarse en el tablero.
Los frentes territoriales no son una novedad en las negociaciones de la financiación autonómica. Pero en esta ocasión los condicionantes son bien distintos a las anteriores. Cataluña y sus ansias soberanistas tienen en guardia al resto de autonomías. Sus dirigentes enarbolan la bandera del "maltrato", aduciendo que es la tercera región que más recauda por habitante, pero que tras su contribución con la solidaridad regional baja a la décima posición. Es decir, que aporta mucho más de lo que recibe. Un discurso al que ahora se han sumado Baleares y Valencia, anteriormente gobernadas por el PP y ahora por coaliciones de izquierdas.
Estas tres comunidades, aliadas en lo que se ha bautizado como el "frente mediterráneo", se sitúan entre las más endeudadas del país. La agencia de calificación Standard & Poor's (S&P) alertó el pasado mes de julio de que Cataluña, Valencia y Baleares tienen además un déficit "extremadamente alto".
Fuentes próximas al Gobierno del Principado lamentaron ayer que la negociación "se plantee sobre el establecimiento de frentes territoriales", y admitieron que Cataluña es una fuente de profunda preocupación. "Quienes pagan no son los territorios, sino los ciudadanos. Si en una comunidad autónoma tienen mayor número de personas con ingresos más altos que la media, esas personas pagan más. Pero es el contribuyente, no el territorio, como intentan trasladar", indicaron las mismas fuentes.
También añadieron que "la Conferencia de Presidentes será el punto de partida para establecer las condiciones de la negociación, que debe plantearse sin pretensiones bilaterales", en clara referencia a Cataluña. "Sus representantes no fueron al último Conejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pero desde su Gobierno se han realizado manifestaciones de insolidaridad y de egoísmo muy explícitas".
El Gobierno del Principado elaboró en la anterior legislatura un documento en el que se establecían los criterios básicos que defenderá Asturias en la negociación. Ese documento ya ha sido trasladado a Podemos y Ciudadanos para que lo analicen. Lo que persigue el Ejecutivo que encabeza Javier Fernández es lograr un posicionamiento común regional para luego buscar aliados.
