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La nueva norma de la UE obliga a España a romper el monopolio de Renfe para 2020

De la Serna frena el proceso liberalizador de Ana Pastor y se ceñirá al plazo europeo

Un tren Alvia, circulando por el valle del Caudal. FERNANDO GEIJO

El Parlamento Europeo dio ayer el visto bueno al denominado "cuarto paquete ferroviario", que comprende tanto la liberalización de los mercados nacionales como la generalización de la licitación abierta a todos los operadores de la UE como procedimiento principal para seleccionar a los proveedores de un servicio de tren. En la práctica, la nueva normativa, que entrará en vigor a partir de 2020, obligará a España a romper para ese año el monopolio de Renfe en el ámbito del transporte de pasajeros. Aunque Ana Pastor estaba decidida a adelantar el proceso dando entrada a un segundo operador en el AVE de Levante, su sucesor, Íñigo de la Serna, prefiere acompasarlo a los plazos comunitarios. Y no solo eso, también planea reunificar al ADIF y a Renfe en un "holding" que permita afrontar con mayores garantías ese mercado único ferroviario que será una realidad dentro de tres años. Sigue el modelo de Francia y Alemania, cuyas compañías de referencia (SNCF y Deutsche Bahn) han mostrado interés en la liberalización del sistema estatal de AVE, en competencia con varias compañías españolas como la asturiana Alsa.

La normativa aprobada ayer en Estrasburgo establece, no obstante, que las autoridades nacionales podrán adjudicar directamente y sin concurso, pero "garantizando mejoras a los pasajeros o el incremento de la eficiencia económica del servicio". Este procedimiento, en todo caso, se limita a los denominados contratos de "minimis", que son los que no alcanzan un valor medio anual de 7,5 millones de euros o cuya prestación de transporte de viajeros no llega a 500.000 kilómetros, lo que excluye a los corredores de Alta Velocidad, entre ellos el que va de Gijón a Madrid.

Los Estados también podrán restringir el acceso de nuevos operadores a ciertas líneas en el caso de que quieran mantener un contrato público. Para ello, el regulador nacional tendrá que realizar un análisis económico que demuestre la necesidad de evitar la apertura a la competencia de una determinada ruta.

Los dos principales partidos de la Eurocámara, el popular y el socialdemócrata, respaldaron el nuevo "paquete ferroviario", con el apoyo de liberales, conservadores y reformistas. A su juicio, la liberalización que se plantea hará más eficaz el servicio y redundará en una rebaja del precio de los billetes. Los partidos situados a la izquierda de los socialdemócratas, así como Los Verdes, criticaron la iniciativa. La eurodiputada asturiana de Podemos Tania González considera que la nueva normativa comunitaria supondrá un "perjuicio" para el servicio público y un "riesgo" de que se supriman líneas con baja rentabilidad, entre las que se cuentan las de cercanías de Asturias. Fuentes ferroviarias no esconden su preocupación por el futuro de esos trazados si quedan sin el paraguas del Estado.

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