-Uno de los problemas de Asturias es la emancipación de sus jóvenes, difícil con los salarios que hay.
-Tenemos grupos de viviendas sólo para ellos y con gran éxito, como en Salinas y en Gijón. En los de la Laboral hay muchos que trabajan en el Parque Tecnológico, y son unas viviendas con mucha rotación, porque pasan unos meses y luego se buscan otro sitio. El Principado ya le propuso la semana pasada al Ministerio de Fomento crear una línea específica para la emancipación. Nosotros no le pusimos nombre, pero a otras comunidades les pareció buena idea, y alguna planteó retomar la renta básica de emancipación. Sería bueno para potenciar el alquiler.
-¿Tienen en las viviendas sociales a muchas familias o personas desahuciadas por los bancos?
-Se han firmado contratos con personas que iban a ser desahuciadas. Lo que procuramos es dar una vivienda pública a personas que tienen una demanda y que se puedan trasladar con antelación a que se ejecute la orden. No hay una línea específica para desahuciados por impago de alquiler. La Dirección general de Justicia está elaborando un borrador para enviarlo al Consejo General del Poder Judicial con el objetivo de que cualquier demanda por desahucio sobre la vivienda que ocupa una familia que sea vulnerable, antes de ponerle fecha al desalojo, lo sepamos. Que se comunique a los Servicios Sociales para buscar la manera de ayudar.
-¿Qué quiere decir al referirse a una vivienda ocupada?
-En la estadística de desahucios no se discrimina, entra todo, hasta las plazas de garaje. Muchas veces, cuando se ejecuta el desalojo, hace tiempo que nadie vive en esa vivienda. Por ejemplo, si nosotros tenemos una vivienda alquilada a una la familia que se va, deja de pagar la renta y no entrega las llaves, nosotros tenemos que seguir la ley y solicitar el desahucio. No podemos ir y cambiar la cerradura ni entrar en ese domicilio mientras no se actúe legalmente con orden de desalojo.
-¿Cuántas personas tienen en régimen de alquiler?
-De las 11.000 viviendas públicas, más de 5.000 son con ayudas al alquiler. Se calcula que unas 45.000 personas.
-¿Ustedes son competencia en el mercado inmobiliario?
-Es cierto que hacemos que el mercado de alquiler baje. Y los promotores no construyen para destinar al alquiler, porque tardan muchísimos años en rentabilizarlo, aunque algunos lo hicieron por la crisis.
-Pero ustedes también construyen vivienda nueva.
-Sí, y los promotores presentan sus ofertas cuando licitamos las obras. La patronal entiende que hacemos vivienda pública porque se genera empleo, y yo quiero que entienda que nosotros trabajamos por una vivienda asequible, que se pueda pagar. Si sólo quieren hablar del ámbito productivo y de empleo, tienen que ir a otra Consejería.
-Y se está impulsando la rehabilitación.
-En los últimos tres años (2014-2016) el Principado destinó 17,3 millones, de los que se beneficiaron 5.233 viviendas. El dinero fue insuficiente para atender la demanda. Pero los últimos datos indican un repunte en el empleo en construcción, que ha pasado de 23.500 ocupados en diciembre de 2015 a 24.300 en 2016. Quizás la rehabilitación que impulsamos desde aquí también ha ayudado.
-¿Cuál es el balance del plan habitacional que presentaron a principios de año?
-Pues contenía 21 medidas, con un presupuesto de 23,5 millones de euros y la previsión de llegar a 47.400 personas. Ya se han ejecutado 24,2 millones y se llegará a 67.400 personas con las ayudas al alquiler, la rehabilitación, los cambios en las viviendas para que sean más accesibles...
