El Gobierno regional prevé que en 2017 necesiten recibir el salario social como medio único de ingresos unas 21.300 familias, un 10% más que al cierre de este ejercicio. Pese al incremento, la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, aseguró que la cifra de beneficiados se está estabilizando, si se tiene en cuenta que en ejercicios anteriores los aumentos llegaron hasta el 31%.

El Gobierno regional se ha curado en salud y, por si al final hay prórroga presupuestaria, ayer aprobó un gasto de 38,4 millones para "fortalecer las políticas sociales". De esta cuantía global, 28,7 millones se destinarán a abonar el salario social de este mes de diciembre (9,2 millones) y a las nóminas de enero y febrero (19,5 millones). Según Varela, se trata de asegurar que el Principado tendrá dinero para atender a los que carecen de ingresos.

El Ejecutivo regional ha previsto en el proyecto presupuestario que está en negociación un total de 105 millones para el salario social en 2017, cuantía inferior a los 109 con los que se cerrará este ejercicio. El descenso se debe fundamentalmente a que "prácticamente ya no hay pagos de atrasos", y a que aunque se calcula que aumente el número de familias, la cuantía que reciban será inferior. Según explicó la Consejera de Servicios y Derechos Sociales, mientras en 2014 la nómina media por beneficiario era de 489 euros en 2015, en 2016 ha sido de 441 y para el próximo ejercicio se calcula que se reduzca hasta los 411 euros mensuales.

La consejera Pilar Varela mostró su satisfacción por la aprobación en el Congreso el pasado martes de un proyecto no de ley para implantar a nivel estatal el ingreso mínimo social, del que se beneficiarían unas 730.000 familias en el conjunto de España. "La consignación dependería de los presupuestos generales del Estado, lo que supondría liberar el dinero que destina el Principado al salario social, y con esa cuantía podríamos realizar otro tipo de intervenciones", aseguró la Consejera.

El Consejo de Gobierno también aprobó ayer otros seis millones de euros a sufragar las prestaciones de la dependencia correspondientes a los dos primeros meses de 2017, y la prórroga para mantener 143 plazas residenciales de mayores concertadas con los ayuntamientos de Amieva, Cabrales, Cabranes, Riosa, Villaviciosa, Caudal y Pravia. El montante global asciende a 2,2 millones de euros.

También se autorizaron cinco convenios de colaboración con los ayuntamientos de Mieres, Langreo, Gijón, Valdés y Cangas del Narcea para sostener los centros de apoyo a la integración en dichos concejos. Además se dio luz verde a dos subvenciones directas de 12.500 euros cada una para sendos programas de inclusión en los ayuntamientos de Siero y Gijón.