El Gobierno regional ha aprobado un gasto de 38,4 millones de euros destinados a política social, fundamentalmente a garantizar el abono de las nóminas de diciembre, enero y febrero del salario social, con una partida global de 28,7 millones de euros. Una parte corresponde al pago de esta mensualidad, pero las correspondientes a los dos primeros meses de 2017 quedan así garantizadas en el caso de que finalmente no salga adelante el proyecto presupuestario del Ejecutivo socialista y haya una segunda prórroga presupuestaria.
La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, explicó tras el Consejo de Gobierno que se está produciendo una estabilización del número de beneficiarios que perciben el salario social, que este año se cerrará con una inversión global de 109 millones de euros para unas 20.600 familias, aproximadamente un 10% más que en 2015, pero lejos de los incrementos de hasta el 31% que se registró en 2013.
El abono de la nómina de diciembre supondrá una cuantía global de 9,2 millones de euros, mientras que otros 19,5 millones se repartirán entre los meses de enero y febrero.
Varela también mostró ayer su satisfacción por la aprobación en el Congreso de los Diputados de un Proyecto No de Ley para impulsar una renta básica a nivel estatal. Su aplicación supondría que sería el Estado el que se haría cargo del abono de ese ingreso mínimo que recibirían todos aquellos que carecieran de prestación alguna, mientras que el Principado quedaría liberado y podría dedicar ese dinero a otras partidas.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado otros 6 millones de euros para sufragar las prestaciones de la dependencia correspondientes a los dos primeros meses de 2017, y la prórroga para mantener 143 plazas residenciales de mayores concertadas con los ayuntamientos de Amieva, Cabrales, Cabranes, Riosa, Villaviciosa, Caudal y Pravia. El montante global asciende a 2,2 millones de euros.
En materia de discapacidad, el Ejecutivo regional autorizó la firma de cinco convenios de colaboración con los ayuntamientos de Mieres, Langreo, Gijón, Valdés y Cangas del Narcea para sostener los centros de apoyo a la integración en dichos concejos. La partida total es algo superior a 1,5 millones de euros. también se aprobaron dos subvenciones directas de 12.500 euros cada una para sendos programas de inclusión en los ayuntamientos de Siero y Gijón.
Por último, el Consejo de Gobierno aprobó invertir más de 8,3 millones de euros en el impulso de proyectos de I+D+i.
